El día en que cayó el bloque que controlaba el Tribunal Constitucional Plurinacional
La mañana: anuncios de renuncia diferida y un clima de desgaste
Durante las primeras horas del 25 de noviembre, los magistrados autoprorrogados hicieron conocer que la prórroga de su mandato estaba por terminar y que abandonarían sus funciones en un plazo de diez días. Era un último intento por ordenar una salida negociada tras semanas de cuestionamientos, denuncias y presiones políticas y sociales. Sin embargo, el desgaste ya era irreversible: organizaciones civiles, legisladores y juristas advirtieron que no se podía tolerar una transición lenta que prolongara el control interno del TCP.
La tarde: dos salas constitucionales rompen el equilibrio
El punto de quiebre llegó pasado el mediodía.
La Sala Constitucional Primera de Potosí emitió un fallo que ordenó el cese inmediato de cinco magistrados autoprorrogados. Minutos después, una sala constitucional en Santa Cruz se alineó con esa postura y dispuso idéntica medida. Ambas resoluciones coincidieron en que la permanencia postmandato constituía un acto carente de legalidad y que debía revertirse de forma urgente.
El fallo potosino incluyó tres puntos determinantes:
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Cese inmediato de los magistrados.
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Suspensión de sus salarios y beneficios.
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Custodia y remisión de antecedentes al Ministerio Público.
Con estas resoluciones, la autoprórroga —que durante meses había sido defendida internamente en el TCP— perdió cualquier sustento jurídico operativo.
La tarde–noche: un juzgado de La Guardia dinamita cualquier opción de resistencia
Cuando parecía que el conflicto quedaría en el terreno administrativo, un juzgado de La Guardia (Santa Cruz) emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los magistrados:
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Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
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René Yván Espada Navia
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Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
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Karem Lorena Gallardo Sejas
Las órdenes instruyen que los exmagistrados sean conducidos al módulo policial de La Guardia para ser puestos a disposición de la justicia en el marco de una acción popular que denuncia irregularidades en la prórroga de funciones.
El juzgado también solicitó activar alerta migratoria, argumentando riesgo de fuga.
Con esto, la situación dejó de ser un conflicto jurídico-administrativo para convertirse en un proceso con medidas coercitivas y potenciales consecuencias penales.
La reacción política: la Asamblea entra en escena
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, confirmó que se convocará a una sesión urgente para cubrir las acefalías y acelerar la convocatoria a nuevas elecciones judiciales.
“Tenemos que actuar lo más antes posible”, dijo Lara.
El oficialismo y parte de la oposición coincidieron en la necesidad de recomponer la estructura del TCP.
La noche: una nueva presidenta toma control del TCP
En un acto sobrio pero cargado de simbolismo, Paola Prudencio Candia fue posesionada como presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Su discurso marcó un quiebre:
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“Hoy el tiempo de la autoprórroga ha concluido”.
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“Este tribunal vuelve a su verdadero rol: garantizar justicia sin llamadas, presiones ni amenazas”.
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“Vamos a auditar lo actuado”.
La nueva autoridad prometió una auditoría integral a todas las resoluciones emitidas por los magistrados cesados, dejando abierta la posibilidad de anular decisiones, identificar responsabilidades y evitar que el TCP sea nuevamente manipulado por intereses particulares.
¿Cómo se llegó a esto?
La crisis del TCP estalló a principios de 2024, cuando el país ingresó en un limbo institucional por la falta de elecciones judiciales. Ante ese vacío, varios magistrados decidieron extenderse en sus cargos basándose en interpretaciones internas y en la falta de designación de reemplazos.
La autoprórroga fue señalada como:
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inconstitucional, según varios constitucionalistas;
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funcionalmente riesgosa, al comprometer la seguridad jurídica;
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políticamente tóxica, al generar desconfianza en la imparcialidad del órgano.
Durante 2025, colectivos ciudadanos y legisladores multiplicaron sus acciones judiciales, lo que derivó en fallos contradictorios entre salas y finalmente en el desenlace del 25 de noviembre.
LO CONFIRMADO Y LO QUE SIGUE EN INVESTIGACIÓN
Confirmado
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El cese inmediato de cinco magistrados autoprorrogados por órdenes de salas constitucionales.
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La suspensión de salarios y custodia de los antecedentes.
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Las órdenes de aprehensión y alerta migratoria emitidas por el juzgado de La Guardia.
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La posesión de Paola Prudencio Candia como nueva presidenta del TCP.
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La convocatoria del presidente nato de la Asamblea para cubrir acefalías.
En desarrollo
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Ejecución efectiva de las órdenes de aprehensión.
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Posibles apelaciones, amparos o medidas cautelares de los exmagistrados.
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Alcance de la auditoría anunciada por la nueva presidenta del TCP.
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Calendario final para la convocatoria a elecciones judiciales.
MATERIAL AMPLIADO PARA EDICIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Identificación de los magistrados autoprorrogados cesados
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Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
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René Yván Espada Navia
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Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
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Karem Lorena Gallardo Sejas
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(Nombre adicional según listas oficiales, confirmado por salas constitucionales en fallo de Potosí)
Principales resoluciones judiciales del 25 de noviembre (resumen técnico)
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Sala Constitucional Primera de Potosí: Cese inmediato + suspensión de haberes + remisión a Fiscalía.
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Sala Constitucional de Santa Cruz: Cese inmediato + aplicación del principio de tutela urgente.
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Juzgado de La Guardia: Cuatro órdenes de aprehensión + alerta migratoria + conducción al módulo policial.
Declaraciones textuales relevantes
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Paola Prudencio Candia: “Hoy concluye el tiempo de la autoprórroga; vamos a auditar lo actuado”.
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Edmand Lara: “Debemos convocar a sesión lo más antes posible para cubrir las acefalías”.
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Rodrigo Paz: “En veinte días se fueron tres símbolos de la injusticia”.
Línea de tiempo comparada
2024: Retardo en elecciones judiciales.
Enero–agosto 2025: Acciones de inconstitucionalidad y denuncias.
Septiembre 2025: Incremento de fallos contradictorios.
Octubre 2025: Escalada de denuncias por autoprórroga.
25 noviembre 2025: Cese inmediato, órdenes de aprehensión, nueva presidenta del TCP.
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La Asamblea definirá fecha y modalidad de la sesión para cubrir acefalías.
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El TCP iniciará auditoría interna con reporte preliminar en las próximas semanas.
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El Ministerio Público evaluará si amplía procesos penales derivados de la autoprórroga.
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Se espera un reordenamiento jurídico que influirá en el calendario de elecciones judiciales.
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