Las distribuidoras no pueden pagar a las transportadoras y generadoras, y éstas no cuentan con los recursos necesarios para operar con normalidad. Si las condiciones no cambian, el suministro de energía podría verse afectado.
La Cámara Boliviana de Electricidad (CBE) propuso al gobierno la aprobación de un decreto supremo que permita al Ministerio de Energías constituir un fideicomiso de Bs. 1 mil millones destinado a superar la amenaza de un “apagón” financiero que se cierne sobre cooperativas, empresas privadas y públicas del sector, afectadas por una mora inédita y una preocupante perspectiva de iliquidez, que podrían conspirar incluso contra el suministro normal del servicio.
“El objetivo es que las empresas eléctricas de distribución puedan acceder a recursos equivalentes a los montos de la facturación que les corresponde pagar a los consumidores, cuyas cuentas se difirieron conforme al D.S. 4206 del 01/04/2020, para que a su vez éstas puedan pagar a las empresas de Generación y Transmisión”, señala un comunicado de la CBE.
El monto del fideicomiso se originaría en un préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB) al Tesoro General de la Nación (TGN), que sería devuelto por las empresas de distribución en un plazo máximo de 18 meses sin intereses y a medida que los consumidores vayan pagando sus facturas pendientes por servicio eléctrico.
“El volumen de los recursos previstos para el fideicomiso sale de considerar la facturación de la categoría domiciliaria, que es la única que no presenta decrecimientos como consecuencia de tener a las personas en sus hogares por la Cuarentena, por los meses de abril, mayo y junio de 2020, descontando el monto de la subvención establecida que cubriría aproximadamente el 40% del total de la facturación”, explica.
En las empresas de distribución, por ejemplo, la mora se arrastra desde los conflictos de octubre y noviembre del año pasado. Entonces las deudas acumuladas de los consumidores representaban aproximadamente el 20%, pero la situación se agravó desde marzo pasado por el efecto de la pandemia de la COVID-19 y las disposiciones aprobadas para beneficiar a los consumidores domiciliarios.
“La caída en el pago por facturación que se está observando en estos momentos esta entre el 60 y el 80% de la facturación, lo que provoca un quebranto en las finanzas de las empresas, deteriora su flujo de caja, y afecta la fluidez del sistema de pagos existente a las empresas de Transmisión y Generación de Electricidad”, añade.
Las normas vigentes establecen que el plazo para pagar las transacciones mensuales en el Mercado Eléctrico Mayorista, que abarcan la venta de la producción de energía y potencia eléctrica de las empresas Generadoras a las Distribuidoras y el cobro por el peaje de transporte de la energía eléctrica de parte de las empresas Transmisoras a las Distribuidoras es de un mes.
“El plazo que tienen los consumidores finales (por ejemplo: domicilios, comercios e industrias) para pagar por el servicio de suministro de electricidad, es de 90 días antes de que se pueda realizar el corte del servicio por falta de pago, lo que significa que son las empresas Distribuidoras las que soportan la mora de los consumidores finales”, detalla la CBE.
La CBE advierte que para octubre y una vez levantada la cuarentena, en más de una distribuidora “muchos consumidores se encuentren con facturas impagas de 9 meses, lo que hará difícil que cubran sus obligaciones, situación que exigirá medidas adicionales como planes de pago, etc, que afectarán el flujo y la salud financiera de las empresas”.
La realidad de las empresas de generación y transmisión no es muy diferente, porque a partir de abril de 2020 se difirieron los pagos de las compañías de distribución por un periodo de hasta tres meses después que concluya la cuarentena total.
“Mención especial merece la Empresa nacional de Electricidad (ENDE), pues al ser la responsable del 85.1% de la Generación, del 87.1% de la Transmisión y del 62.7% de la Distribución, sus finanzas se van a ver comprometidas, debilitando su accionar y el mantenimiento de sus planes de mediano y largo plazo”.
La CBE alerta que el riesgo financiero para las empresas eléctricas es inminente y la seguridad en el suministro podría ser afectada por causas de fuerza mayor, ya que los hechos que determinan esta realidad responden a situaciones no previstas.
“La única forma razonable de evitar un deterioro de la industria eléctrica es creando un mecanismo de liquidez -fideicomiso- que permita a las distribuidoras acceder a los recursos que van a dejar de percibir por la mora, para que no se vea afectado el servicio y la viabilidad de los agentes del sector, y así mantener la cadena de pagos existente”, subraya.
Finalmente, la organización informa que en otros países de la región el Estado auxilió a la industria eléctrica, “por cuanto entendieron a cabalidad que esta industria es un pilar para afrontar la etapa post pandemia para recuperar la economía”.
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