El necro-capitalismo del régimen MASista

Por: José Luis Saavedra

Profesor de Teoría y Política Poscolonial

Inicialmente, tenía la intención de escribir acerca de una temática socioambiental específica; pero, es tal el carácter abrumador de las noticias más recientes que, en verdad, es difícil elegir el tópico más emergente y/o crítico. Hoy por hoy todas las noticias revelan situaciones realmente apremiantes. Por ello, he optado por desarrollar un enfoque teórico de carácter global: la revelación del carácter necro-capitalista de las políticas del régimen MASista.

Retomamos la noción de necro-política propuesta por Achille Mbembe y que se refiere sustancialmente al ejercicio del poder a través de la violencia, el terror y la muerte. Así, si ampliamos la tecnología política del necro-poder a la comprensión y el análisis del sistema moderno colonial y sus correspondientes políticas económicas (capitalistas), entonces podemos afirmar que tienen como elemento fundamental a la violencia, al terror y a la intimidación (judicial) ejercidos contra la ciudadanía y -con particular saña- los pueblos indígenas.

Subhabrata B. Banerjee define el concepto necro-capitalismo, también llamado capitalismo necro-político, como “las formas contemporáneas de acumulación (del capital) y que implican la desposesión y sometimiento de la vida al poder de la muerte”. Ergo, recurrimos a esta categoría conceptual para caracterizar las políticas económicas del régimen MASista y también porque nos permite comprender las consecuentes prácticas capitalistas, colonialistas, racistas, extractivistas y machistas (prohijadas tanto por el gobierno de Arce, como por el de Morales).

La noción de necro-capitalismo nos ayuda pues a entender el despojo, el abuso, la usurpación y la expoliación de y en los contextos socioambientales más sensibles, en nuestro caso las áreas protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera y -principalmente- territorialidades indígenas; incluyéndose en estas la gestión de la violencia (letal), tales como el ecocidio, biocidio y etnocidio, y otros conflictos cada vez más violentos, como las que se producen -hoy mismo- entre los colonizadores (mal llamados interculturales) y los pueblos indígenas.

En este sentido, el necro-capitalismo puede presentarse como una versión más del neofascismo o como una degeneración crecientemente autoritaria del sistema político-económico, que es lo que actualmente está ocurriendo con el régimen MASista y la criminalización de toda disidencia (sociopolítica e incluso cultural). Los dispositivos de esta dominación pueden ser explícitos o no, pero vuelven sistemáticas y prácticamente cotidianas -en un contexto de suprema impunidad- las violaciones a los derechos humanos: discriminación, segregación y abusos de los pueblos y comunidades indígenas, además de la represión de la movilización y protesta social (TIPNIS, Takovo Mora y -ahora mismo- Tariquia son ejemplos epónimos).

En esta compleja trama del desarrollo de las políticas de muerte y de un perverso sistema de violencia racista, fascista y extractivista, además de miedo, cobardía e impunidad, las noticias más recientes, en el campo socioambiental boliviano (por razones de espacio, el listado es meramente indicativo y sólo correspondiente a este año), son en verdad pavorosas:

• “Reportan casi 200 agresiones a defensores y fiscalizadores ambientales” (El Deber, 24 abril 2022).
• “Reportan 8 heridos de bala y 20 casas quemadas en Apolo por disputa de mineros con comunarios” (ANF, 1 junio 2022).
• “En Oruro, mineros atacan y queman carpas de comunarios que protestaban por contaminación” (Erbol, 09 junio 2022).
• “Oruro: Procesan a dirigentes indígenas que denunciaron a empresa minera por desertificación y contaminación” (Noticias Fides, 26 mayo 2022).

Aquí se establece una evidente relación entre el aumento de ataques y agresiones -cada vez más violentos- a los líderes/as indígenas y a los/as defensores/as del medioambiente y las propias normativas que facilitan el extractivismo, la depredación, la devastación y la expoliación socioambiental (proactivamente prohijadas por el régimen MASista).

También asistimos a la reactivación abusiva, opresiva y represiva de las operaciones hidrocarburíferas en Tariquía (hoy mismo con la apertura de caminos de penetración e irrupción en la Reserva), incumpliendo -flagrantemente- con las normas ambientales y de derechos humanos.

• “Organizaciones denuncian que colonos hostigan a familias que defienden su territorio en Tariquía” (ANF, 8 febrero 2022).
• “Tariquía y una larga lista de denuncias de amenazas verbales, intimidación con machetes y retenciones injustificadas” (ANF, 28 marzo 2022).
• “Invasión petrolera en Tariquia” (Cabildeo Digital, 17 junio 2022).

Y, entre las áreas/ambientes, entornos/ecosistemas y hábitats/biomas más afectados por las políticas destructoras, depredadoras y devastadoras del régimen MASista, está el Parque Nacional Madidi, donde la minería (en gran medida ilegal) ha excedido todo límite, incluyendo la existencia de grupos paramilitares y mercenarios (armados).

• “La ‘fiebre del oro’, el mercurio y la violencia entran al parque Madidi de Bolivia” (France 24, 14 abril 2022).
• “La minería ilegal devasta bosques y ríos en norte paceño” (Página Siete, 06 junio 2022).
• “Minería ilegal apela al terror y violencia contra pobladores” (El Diario, 05 junio 2022).
• “Sin control, la minería ilegal devasta bosques y ríos en el norte paceño y desata el terror en comunidades” (ANF, 5 junio 2022).
• “Denuncian que ‘interculturales’ mineros atacaron a balazos a comunarios de Chushuara en Apolo” (ANF, 29 marzo 2022).
• “’Las cooperativas mineras se ríen en nuestras caras’, despojo de tierras y torturas socavan a indígenas en el norte paceño” (ANF, 2 junio 2022).
• “El aterrador pacto entre la minería ilegal y la trata de personas atrae otros delitos” (El Deber, 11 abril 2022).

El propio Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, dio a conocer que el uso de mercurio está fuera de control en el país, situación que viola el Convenio de Minamata, ratificado por Bolivia.

• “El lento envenenamiento de los indígenas lecos por mercurio en Bolivia” (Revista La Brava, 02 diciembre 2021).
• “El río Beni enferma con mercurio a indígenas, inermes ante la minería” (Página Siete, 14 mayo 2022).

Estamos pues ante una situación realmente angustiante y dada la magnitud de la problemática, por hoy (la próxima espero desarrollar) bastará referir la necesidad de articular políticas económicas radicalmente bio-céntricas y, como dice Francia Márquez, volver a poner la vida en el centro de todo.