En Bolivia, los trabajadores perciben un salario mensual que oscila entre Bs. 120 hasta cerca de Bs. 100.000. Muchos emprendedores privados no respetan el salario mínimo por un trabajo de ocho o más horas que hacen sus empleados, principalmente en el área rural; los empleados públicos ven subir su sueldo en función de decisiones políticas y no por capacidad o antigüedad, según expertos en temas laborales.
“Hay una desigualdad bastante pronunciada y diferencias marcadas en relación al salario. En las instituciones públicas se cumple estrictamente el aumento salarial, en las pequeñas empresas privadas, no”, señaló a ANF Bruno Rojas, investigador laborista.
De acuerdo con el profesional, en Coroico, una mesera gana incluso Bs. 30 semanales con una jornada de ocho horas, lo que al mes suma Bs. 120; este trato vulnera lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 4928 y presentado el 1 de mayo por el presidente del país, Luis Arce, en el que se establece el salario mínimo nacional de Bs. 2.361. A su vez, va en contra de lo que indica la Constitución Política del Estado en su artículo 46: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”
“Es el colmo de los colmos y pasa en pequeños centros urbanos y con jornadas de trabajo mayores a las ocho horas. Esos casos no se están reflejando en los promedios salariales que el Instituto Nacional de Estadística (INE) brinda, y generalmente son los jóvenes que son empleados en estas condiciones”, dijo Rojas.
Además de recibir esa cantidad de dinero que no les permite en absoluto tener una canasta familiar acorde a sus necesidades, los jóvenes tampoco tienen derechos laborales, como seguro de salud, no aportan a su jubilación y no tienen seguridad social en caso de algún accidente.
El abogado laboralista Luis Eduardo Ayala aseveró que los trabajos en el área rural son bastante informales y se acuerdan entre un empleador y su empleado. Debido a los bajos salarios que perciben y cumpliendo la jornada laboral, los afectados tampoco pueden pagarse un abogado.
“No hay control del Estado. El Ministerio de Trabajo básicamente tiene su interacción en las ciudades. Falta que el Estado se descentralice en los municipios rurales, que tenga una repartición que permita responder a ciertos reclamos. Es difícil que (en el campo) cumplan con sus obligaciones laborales, que es el salario mínimo”, dijo en entrevista con ANF vía zoom.
ANF
