Durante la sesión de esta jornada de martes fue sancionada la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos (denominada como la «Ley de inmunidad»), con los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados. El cuerpo legal pretende evitar la persecución política y jurídica contra dirigentes, políticos y afines al partido del anterior gobierno.
El perfil de ley pasó ahora al despacho de la presidente Jeanine Añez, quien ya advirtió en reiteradas ocasiones que no firmará la promulgación. Ayer, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, anunció que se “neutralizará jurídicamente” el proyecto legislativo del MAS, incluso con la consulta constitucional.
En la sesión de Diputados, la intención de rechazo fue expresada por legisladores contrarios al MAS. La representante del Partido Demócrata Cristiano, Jhovana Jordán, planteó aplazar la aprobación del proyecto de ley hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita un criterio de legalidad.
La idea fue compartida por Amilcar Barral de Unidad Demócrata. Sin embargo, ante las discusiones e incluso insultos que se repartieron entre la bancada del MAS y las de otros frentes culminó el debate. Entonces, se procedió a la votación a favor de la aprobación de la normativa, con las modificaciones que se hizo en el Senado.
El proyecto de la norma fue impulsado por el MAS desde noviembre de 2019, cuando se instalaron mesas de diálogo entre el Gobierno transitorio y organizaciones sociales, en la búsqueda de la pacificación.
El Órgano Ejecutivo reiteró esta semana que es innecesario aprobar la ley que pretende el MAS, considerando que se busca liberar de responsabilidades a los allegados a la gestión del expresidente Evo Morales.
En tanto, la presidenta del Senado, Eva Copa (del MAS), anunció que promulgará la referida ley si la Mandataria no lo hace. En la pasada jornada el senador Oscar Ortiz presentó una impugnación al proyecto de ley ante el Senado debido a que se habrían incumplido procesos.
