En un comunicado difundido este domingo, enfatiza que las reservas de gas de los países no son certificadas por los presidentes, sino por empresas especializadas reconocidas a nivel internacional, contratadas por los gobiernos mediante licitación pública.
Se recuerda que, en 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa, se recibió y publicó sin alteraciones la certificación de las reservas de gas al 31 de diciembre de 2004, proporcionada por la empresa De Golyer and MacNoughton, como parte de la política de transparencia del gobierno.
Según este informe, las reservas probadas al 31 de diciembre de 2004 ascendían a 26,7 TCF (Trillones de Pies Cúbicos), mostrando un declive del 9% respecto al año anterior, lo cual contradice las afirmaciones maliciosas de los funcionarios del MAS.
Destaca que, en los años posteriores al gobierno de Carlos Mesa, hubo una reducción de las reservas probadas debido al consumo sin reposición y al cambio de metodología en la estimación de las reservas, lo cual afectó también a otros países de la región.
Califica como “irresponsable, canallesca y absurda” la pretensión del gobierno de Luis Arce de acusar a Carlos Mesa de manipular o modificar los datos de las reservas en 2004, evidenciando un intento de desviar la atención de la crisis energética actual y el incumplimiento de la obligación de informar anualmente sobre las reservas.
Indica que la misma empresa DeGolyer and MacNoughton, que certificó las reservas en 2004, fue contratada durante el gobierno de Luis Arce en 2022 para certificar las reservas de gas al 2023, lo que sugiere motivaciones políticas detrás del cuestionamiento de su informe de hace 20 años.
Critica el hecho de que la certificación de las reservas se omitió en gran parte de la gestión de los gobiernos masistas, lo cual sugiere un incumplimiento deliberado de la ley y una decisión política de ocultar y distorsionar la información para evitar la fiscalización pública.
Comunidad Ciudadana hace un llamado al gobierno del presidente Luis Arce para que deje de ocultar la información sobre las reservas de gas en Bolivia y cumpla con la Ley 3740 y plantea la necesidad de un debate transparente y objetivo sobre las reservas de gas, así como la responsabilidad del gobierno en proporcionar información veraz y oportuna a la población.
Via: ERBOL
