- No genera la prevención del desabastecimiento de alimentos estratégicos porque hay suficiente excedente para cubrir el mercado interno.
- Los sectores soyero, cárnico y azucarero generan 150 mil, 300 mil y 225 mil empleos directos e indirectos respectivamente.
- Tiende a mermar las divisas que para Bolivia generan los sectores exportadores afectados por la medida.
- El sector del transporte internacional se ve afectado, porque reduce la cantidad de viajes a las fronteras que al año suman alrededor de 112 mil, lo que equivale a más de 400 viajes diarios.
“La medida que puso en vigencia el Gobierno Nacional, a partir del día de hoy, de suspender las exportaciones de soya, azúcar y carne, no es adecuada y no responde a la prevención de abastecimiento del mercado interno”, aseveró Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX).
El dirigente empresarial aseguró que el mercado interno siempre ha estado cubierto y es la producción excedente la que se exporta bajo la autorización del Gobierno Nacional que fija los cupos.
Por estas razones la CADEX rechaza de forma contundente la suspensión de las exportaciones, ya que es una señal de que el Gobierno Nacional no está dimensionando el daño que se está haciendo a la economía boliviana.
A este rechazo se sumó la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), a través su presidente Jorge Amantegui, quien manifestó que no es real que haya desabastecimiento del mercado interno, porque de la producción nacional de soya y sus derivados el 20% cubre la demanda nacional y el restante 80% va a los mercados internacionales como exportación.
Amantegui agregó que es el Gobierno quien, a principio y mitad del año, define mediante una Resolución Bi Ministerial las asignaciones para el mercado interno y las industrias las cumplen, porque de no hacerlo no obtienen los permisos para exportar el excedente. Los subproductos de la soya (harinas, cascarilla y aceite) están en los almacenes; si no llegan al interior del país es a consecuencia de los conflictos sociales, en especial el cerco al departamento de Santa Cruz.
Añadió que el sector industrial oleaginoso exportó a la fecha más de 1.600 millones de dólares, y esta medida frenará el ritmo del comercio internacional, afectando a la economía nacional.
Afectación a la cadena productiva
Por su parte, Osvaldo Barriga manifestó que, con esta medida, más política que técnica, se afecta a una cadena productiva muy grande. Hay más de 14.000 agricultores que producen soya, de los cuáles el 80% son pequeños productores que tienen cada uno 50 hectáreas. A ello se suman los trabajadores del transporte pesado que al año hacen 112 mil viajes de camión, y que necesitan los servicios de talleres mecánicos, llanteros, alojamiento, y provisión de alimentos. Se estima que en toda la cadena de la soya se generan 150 mil empleos directos e indirectos, que no solo están en Santa Cruz, sino en todo el país.
De igual manera, el sector agroindustrial cañero, representa 225,000 empleos directos e indirectos en toda su cadena productiva y de servicios conexos.
Por su parte la producción de carne bovina incluye a 33 mil productores ganaderos en el Departamento y su impacto en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, es de casi 300 mil personas ocupadas.
Otro de los efectos es la pérdida de divisas. Los sectores afectados por esta suspensión de exportaciones generan alrededor de 2.000 millones de dólares en divisas para Bolivia, y las proyecciones que se tenían de incrementarlas hasta el final del año disminuirán.
Por ello, CADEX y CANIOB piden que el Gobierno nacional revise y suspenda esta medida que no genera estabilidad ni confianza, produce inestabilidad jurídica y afecta negativamente la economía de Bolivia y de los bolivianos, no sólo la de las empresas del rubro que aportan al desarrollo del país.
Ambas instituciones empresariales coinciden en exhortar al Gobierno a solucionar los conflictos sociales actuales, estableciendo espacios para el diálogo, evitando emitir medidas que nos alejen del restablecimiento de las condiciones para trabajar y producir, reactivando la economía nacional.
