La Dirección de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres de la Gobernación de La Paz enfrenta serios cuestionamientos por parte de los asambleístas Andrea Echeverría e Israel Alanoca, quienes demandan explicaciones sobre el destino de más de Bs 5 millones distribuidos entre 26 municipios en 2024.
Según Echeverría, los montos asignados, que van desde Bs 44.306 para Ayata hasta Bs 546.385 para Guanay, no han sido acompañados de actas de entrega detalladas ni documentación que respalde su ejecución. “Queremos que los concejos municipales y el control social tengan acceso a esta información para verificar si realmente se utilizaron estos recursos como corresponde”, señaló la legisladora de Somos Pueblo.
Alanoca, por su parte, destacó casos específicos como Luribay, donde se reportaron 200 vales para 9.000 litros de diésel por Bs 160.350. Sin embargo, no se cuenta con fechas ni registros sobre su distribución. “El acta de entrega establece requisitos claros, como reportes diarios y especificaciones de uso, pero nada de eso ha sido proporcionado”, agregó.
Entre las irregularidades señaladas, los asambleístas denunciaron que la mayoría de los municipios beneficiados no pertenecen al norte paceño, región severamente afectada por inundaciones en 2024. Además, la Gobernación no entregó planes de emergencia ni mapas de amenazas actualizados, elementos fundamentales para enfrentar desastres según lo establecido por el Decreto Departamental N° 164 de marzo de 2024.
Recursos sin justificación
Un ejemplo que causa preocupación es Quime, que recibió Bs 58.381, incluyendo 2.000 litros de diésel, politubos, tanques y herramientas. Según Alanoca, los pobladores afirmaron que “no hubo tal ayuda” y que muchas de las actas de entrega carecen de fechas.
A las solicitudes de informes ampliatorios, la Dirección de Gestión de Riesgos respondió que la documentación “se encuentra bajo resguardo” de la Dirección Administrativa. Este hermetismo, según Echeverría, incrementa las dudas sobre el manejo de los fondos públicos.
Compromiso de fiscalización
Los legisladores aseguran que continuarán exigiendo transparencia y rendición de cuentas. “Estos recursos debían aliviar a las comunidades más vulnerables, pero hasta ahora no tenemos pruebas de que eso haya ocurrido”, concluyó Alanoca.
El manejo de Bs 5 millones destinados a la gestión de riesgos en La Paz sigue envuelto en dudas y falta de transparencia. Los asambleístas demandan explicaciones claras a la Gobernación y al director de Gestión de Riesgos, José Luis Cahuapaza, para esclarecer el destino de los fondos y garantizar que las comunidades afectadas reciban la ayuda necesaria.
