Bolivia amaneció este jueves con una de las jornadas más intensas y confusas de los últimos años dentro de sus instituciones de justicia. Lo que comenzó durante la noche del 30 de septiembre con la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, terminó extendiéndose a tres ciudades, con intervenciones policiales en oficinas de la Fiscalía, nuevos detenidos, dinero encontrado dentro de una ambulancia y la búsqueda de un exministro de Gobierno.
En medio de todo aparece nuevamente el nombre de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo capturado en Santa Cruz en marzo de este año. Un video grabado durante su aprehensión y un audio atribuido a él comenzaron a circular con fuerza justamente cuando las autoridades ejecutaban los operativos contra Mariaca y otras personas vinculadas a la investigación.
El Gobierno asegura que detrás de todo existe una organización criminal que operaba desde el Ministerio Público para proteger actividades relacionadas con el narcotráfico. La Fiscalía, en las primeras horas del operativo, denunció vulneración de su institucionalidad. Ahora será la investigación judicial la que deberá establecer qué ocurrió realmente.
La noche comenzó en Viru Viru
La primera escena ocurrió en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Mariaca y Zeballos fueron interceptados por efectivos policiales cuando llegaban desde Sucre y quedaron aprehendidos.
Durante las primeras horas no estaba claro quién había ordenado el operativo ni cuáles eran exactamente los delitos investigados. Desde la propia Fiscalía se denunció que Mariaca había sido retenido de manera irregular y se llegó a calificar el hecho como un “secuestro”.
La noticia se propagó rápidamente por redes sociales y medios de comunicación. Pero mientras el país intentaba entender qué estaba pasando en el aeropuerto, otro operativo comenzaba en Sucre.
La Policía entra a la Fiscalía General
En la capital del país, efectivos policiales ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Funcionarios denunciaron que la intervención se produjo en circunstancias irregulares y cuestionaron que los agentes no mostraran inicialmente una orden judicial.
La situación generó tensión dentro de la institución. La Fiscalía, que durante años ha sido una de las principales instituciones encargadas de investigar delitos, se encontraba siendo intervenida mientras su máxima autoridad permanecía detenida en Santa Cruz.
El operativo también alcanzó dependencias fiscales en Santa Cruz y comenzó a adquirir dimensiones nacionales.
Jorge Santistevan, secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, reconoció posteriormente que el operativo contra Mariaca se realizó sin fiscales presentes. Su explicación fue que existían circunstancias en las que “se rompe la norma” para preservar un “bien mayor”.
La afirmación abrió otra discusión sobre la legalidad del procedimiento y sobre quién autorizó una operación de esa magnitud contra la cabeza del Ministerio Público.
En medio del operativo reaparece Sebastián Marset
Mientras se producían las aprehensiones, las redes sociales comenzaron a llenarse con imágenes y grabaciones de Sebastián Marset.
Uno de los videos muestra al narcotraficante uruguayo sentado durante el operativo de su captura, respondiendo preguntas de policías. La conversación gira, entre otros asuntos, alrededor de Róger Mariaca.
“¿Qué tipo de amistad tienes con Mariaca?”, se escucha preguntar.
“Es mi amigo”, responde Marset.
La grabación llamó inmediatamente la atención porque aparece en un momento particularmente sensible: Mariaca acababa de ser aprehendido y la Fiscalía estaba siendo intervenida.
Pero el video, por sí solo, no demuestra cuál fue la verdadera naturaleza de esa relación. Lo que existe es una declaración realizada por Marset, que debe ser contrastada con otros elementos antes de convertirse en una conclusión judicial.
A ese material se sumó un audio atribuido al propio Marset. Según reportes periodísticos, en esa grabación afirma que habría pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y menciona a Mariaca, al entonces ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio.
Se trata nuevamente de afirmaciones atribuidas a Marset. Su autenticidad, contexto y contenido deberán ser establecidos mediante una investigación.
El Gobierno habla de 14 detenidos
Con el paso de las horas, el Gobierno comenzó a explicar el operativo. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que 14 personas habían sido detenidas durante los procedimientos realizados en Santa Cruz, La Paz y Sucre.
Según la versión oficial, entre los detenidos se encuentran autoridades jerárquicas de la Fiscalía, funcionarios que supuestamente intentaban retirar información del domicilio de Mariaca y otras personas que habrían intentado sacar dinero de esa vivienda utilizando una ambulancia.
Oviedo acusó directamente a Mariaca de haber encabezado desde el Ministerio Público una organización criminal destinada a proteger y favorecer actividades vinculadas al narcotráfico.
El Gobierno sostiene que el fiscal general es investigado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Estas son acusaciones que ahora deberán ser sustentadas ante la justicia. La existencia de una investigación o una aprehensión no significa que una persona haya sido declarada culpable.
El dinero que salió de la casa de Mariaca
Uno de los episodios que más llamó la atención durante la madrugada ocurrió en Santa Cruz.
La Policía interceptó una ambulancia que, según el comandante departamental Edson Fernández, había salido del domicilio de Mariaca ubicado en la avenida Virgen de Cotoca. Los agentes siguieron el vehículo mediante labores de inteligencia hasta inmediaciones del segundo anillo.
Dentro de la ambulancia encontraron bolsas, maletines y fajos de billetes.
Cuatro personas fueron arrestadas, entre ellas tres hombres y una mujer menor de edad, según los reportes policiales.
El fiscal Cándido Blanco informó que los involucrados serán investigados por legitimación de ganancias ilícitas.
Sin embargo, durante las primeras horas tampoco se conocía con precisión cuánto dinero había sido encontrado ni quién era su propietario. La Policía incluso tuvo dificultades para encontrar un fiscal que asumiera el caso y un notario que realizara el conteo del dinero, por lo que periodistas fueron convocados para registrar el procedimiento.
Aquí aparece uno de los puntos que necesariamente tendrá que aclarar la investigación: que el dinero haya sido encontrado dentro de una ambulancia que, según la Policía, salió del domicilio de Mariaca no significa automáticamente que ese dinero pertenezca al fiscal ni que tenga origen ilícito.
Eso deberá demostrarse.
Los nombres que comenzaron a aparecer
A medida que avanzaba el operativo comenzaron a conocerse los nombres de otras personas detenidas o relacionadas con el caso.
Entre ellos aparecen Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Rubén Aparicio Villarroel, capitán de Policía; Ángel Morales, coronel y exdirector nacional de la FELCN; y Julio César Porras, fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
También se reportó la detención de otros funcionarios y excolaboradores vinculados al entorno del exministro Eduardo Del Castillo.
El caso adquirió así una dimensión mucho mayor que la investigación contra el fiscal general. Ya no se trataba solamente de Mariaca y Zeballos, sino de una red de funcionarios policiales y fiscales cuya participación deberá ser establecida individualmente.
Eduardo Del Castillo: primero dijeron que estaba detenido, después que lo buscan
Uno de los episodios que generó mayor confusión durante la madrugada fue la situación del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo.
Inicialmente circularon versiones periodísticas que daban cuenta de su supuesta aprehensión en La Paz. Sin embargo, durante la mañana el ministro Marco Antonio Oviedo aclaró que Del Castillo no estaba detenido y que la Policía lo estaba buscando.
La precisión es importante porque durante varias horas se difundió como confirmada una detención que posteriormente fue desmentida oficialmente.
El nombre de Del Castillo aparece en el caso principalmente por las declaraciones atribuidas a Marset, quien en el audio difundido habla de supuestos pagos y contactos con el exministro.
Por ahora, lo que está confirmado oficialmente es que Del Castillo es buscado dentro del contexto de esta investigación, no que haya sido aprehendido.
Jhonny Aguilera también aparece en las versiones, pero no está confirmada su captura
Otro nombre que comenzó a circular durante la madrugada fue el del excomandante de la Policía y exviceministro de Régimen Interior, general Jhonny Aguilera.
Su nombre tiene antecedentes dentro de la historia de la persecución a Marset, especialmente por la investigación desarrollada desde 2023 y por las responsabilidades que posteriormente fueron cuestionadas respecto a cómo el narcotraficante pudo operar durante tanto tiempo en Bolivia.
Sin embargo, hasta esta mañana no existe confirmación oficial de que Aguilera haya sido aprehendido.
Por eso, a diferencia de Mariaca y Zeballos, su situación debe mantenerse como no confirmada mientras las autoridades no proporcionen información oficial.
La Fiscalía ya tiene nuevas autoridades
La crisis también produjo cambios inmediatos dentro del Ministerio Público.
Ante la ausencia de Mariaca, Luis Montaño, fiscal superior con mayor antigüedad, asumió interinamente la Fiscalía General del Estado. Montaño señaló que su objetivo será garantizar la continuidad de las funciones del Ministerio Público y preservar su independencia.
En Santa Cruz, Mabel Andrade asumió como fiscal departamental interina en reemplazo de Alberto Zeballos.
En menos de 24 horas, la cabeza de la Fiscalía General y la máxima autoridad fiscal de Santa Cruz quedaron fuera de sus funciones como consecuencia de un operativo policial.
El antecedente de Estados Unidos vuelve a cobrar importancia
Todo esto ocurre apenas tres días después de que Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra funcionarios y exfuncionarios bolivianos.
Entre los afectados estaban Mariaca, Zeballos y Martín Irusta Flores.
En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado estadounidense lo acusó de haber solicitado y aceptado sobornos relacionados con actividades de narcotráfico y de haber ayudado a personas vinculadas a estos delitos a evadir la justicia.
Mariaca rechazó las acusaciones y cuestionó la decisión de Washington.
Ahora, pocos días después, el fiscal general se encuentra detenido en Bolivia e investigado por delitos relacionados con narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.
La coincidencia temporal es evidente, aunque todavía no permite establecer que ambos hechos formen parte de una misma operación o investigación.
Para eso hacen falta pruebas.
Una noche que cambió el mapa de la Fiscalía
Lo ocurrido entre la noche del 30 de septiembre y las primeras horas del 1 de octubre dejó una fotografía inédita.
- El fiscal general Róger Mariaca fue aprehendido.
- El fiscal departamental Alberto Zeballos también.
- La Policía intervino instalaciones de la Fiscalía General.
- El Gobierno reportó 14 detenidos.
- Una ambulancia fue interceptada con una importante cantidad de dinero cuyo origen y propietario todavía deben ser determinados.
- Eduardo Del Castillo es buscado, aunque no está confirmado como detenido.
- El nombre de Jhonny Aguilera circula en las versiones del caso, pero tampoco existe confirmación oficial de su captura.
- Y en el centro de todo vuelven a aparecer los audios y videos de Sebastián Marset.
Ahora comienza la parte más difícil: demostrar
El Gobierno sostiene que desarticuló una estructura criminal que operaba desde el Ministerio Público para proteger al narcotráfico.
Es una acusación de enorme gravedad.
Si las pruebas demuestran que funcionarios fiscales, policías o exautoridades recibieron dinero, protegieron a narcotraficantes o utilizaron sus cargos para favorecer actividades ilícitas, Bolivia tendrá que conocer quiénes participaron, cuánto dinero se movió y cómo funcionaba esa estructura.
Pero la misma exigencia debe aplicarse en sentido contrario.
Cada acusación debe tener una prueba.
Cada aprehensión debe tener un fundamento legal.
Cada allanamiento debe estar respaldado por una orden cuando corresponda.
Y cada declaración de un narcotraficante debe ser contrastada con evidencia independiente.
Porque en esta historia hay demasiados nombres, demasiadas versiones y demasiados hechos ocurriendo al mismo tiempo.
La noticia no termina con las aprehensiones.
Recién comienza la investigación.
Y ahora Bolivia necesita saber algo mucho más importante que quién apareció primero en un video o qué versión se hizo viral durante la madrugada: qué ocurrió realmente dentro de la Fiscalía, qué dinero se estaba trasladando, quiénes participaron y qué pruebas existen para sostener cada una de las acusaciones.
Ese será el verdadero caso que habrá que seguir en los próximos días.
