En el cuarto día consecutivo de bloqueo al botadero municipal de Cochabamba, el Gobierno anunció que iniciará procesos penales contra los bloquadores por el delito de atentado contra la salud pública, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19. Las autoridades instan a retomar el diálogo y comprender el riesgo para la población.
«El atentado contra la salud pública es penado con 10 años de cárcel y las personas que atenten contra la salud pública, como en este caso se lo están haciendo, pasarán 10 años de cárcel. Nosotros nos vamos a encargar que éstas personas paguen por su responsabilidad», señaló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa.
La advertencia surge luego de que los dirigentes de K’ara K’ara rompieron el diálogo con autoridades de la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba, y pusieron como condición, para volver al diálogo, que se garantice la presencia de autoridades de Gobierno en la mesa de negociaciones.
Al respecto, el Viceministro expresó que si se requiere la participación de autoridades gubernamentales a la negociación, se lo efectuará, a decir de la agencia ABI.
Desde el lunes, los pobladores de K’ara K’ara instalaron bloqueos en las distintas vías de acceso al botadero en demanda de que se levante la cuarentena, establecida para frenar la propagación del coronavirus, según reportan distintos medios.
Issa precisó que en la ciudad de Cochabamba se genera entre 500 y 600 toneladas de basura al día y es preocupante la acumulación de los desechos, porque es un vector de contagio de diferentes enfermedades.
«No es posible que, en medio de una pandemia, malos dirigentes se movilicen por hacer política barata y atenten contra la salud pública», fustigó la autoridad.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, también advirtió que las personas «que están buscando desestabilizar» el país encontrarán la muerte por el coronavirus o la cárcel por no cumplir la cuarentena y las restricciones dispuestas ante la pandemia. «Hago un llamado a aquellas personas que buscan desestabilizar, hagan conciencia, la muerte les puede tocar la puerta de sus casas. No es un momento de hacer política o buscar desestabilizar», manifestó.
El alcalde José María Leyes pidió a los manifestantes que bloquean la entrada al botadero que “no castiguen a un millón de habitantes” y lamentó las agresiones contra el personal de salud y guardias municipales.
“La medida perjudica a todos los cochabambinos, pediría que declaren un cuarto intermedio hasta la llegada de las autoridades del Gobierno central; pero, no castiguen a un millón de habitantes”, declaró.
De acuerdo con Leyes, gran parte de las demandas de los vecinos fue atendida, como la dotación de agua y la canasta familiar. Pero, la llegada de autoridades de Gobierno escapa a sus competencias.
Ante está situación, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, dijo que el Gobierno no tiene participación en la solución de este conflicto, según Los Tiempos.
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