Los productores sostienen que solo con seguridad jurídica y sanciones efectivas se podrá proteger la producción y la sostenibilidad en Santa Cruz.
Santa Cruz, 29 de enero de 2026. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) destaca la labor de las autoridades nacionales y departamentales que impulsaron el desalojo de propiedades invadidas en el departamento de Santa Cruz. Considera que estas acciones representan una señal para restituir el Estado de Derecho que se había debilitado en el agro cruceño en los últimos años.
No obstante, advierte que “para que estas intervenciones sean realmente efectivas y sostenibles en el tiempo, deben estar acompañadas de decisiones estructurales tanto en el ámbito agrario como en el penal”, de acuerdo con el asesor legal de la institución, Fernando Asturizaga. “El avasallamiento de tierras -enfatiza Asturizaga- es una acción punible que tiene ambas dimensiones y requiere una respuesta integral del Estado”.
En el ámbito agrario, la institución considera prioritario realizar un análisis profundo de la normativa aprobada en los últimos 20 años para identificar las causas que han incentivado la planificación y toma ilegal de tierras en Santa Cruz. Asimismo, urge que se investigue el tráfico de información sobre predios agrarios y tierras fiscales —denunciado incluso por exautoridades— y se sancione a los responsables, además de ejecutar una auditoría técnica, legal y financiera a la gestión del INRA en las últimas dos décadas.
Para la entidad, es necesario convocar a la Comisión de Ordenamiento Territorial del departamento, para evaluar la distribución de tierras fiscales y su correspondencia con el Plan de Uso de Suelo (PLUS). Asimismo, piden avanzar de manera inmediata en la firma de resoluciones finales de saneamiento y títulos ejecutoriales que beneficien a pequeños, medianos y grandes productores, y a comunidades campesinas e indígenas, que hoy viven en situación de indefensión.
“El avasallamiento no debe ser tratado como un delito aislado, ya que suele concurrir con hechos de violencia, amenazas, porte ilícito de armas, robo, abigeato y vulneración de la libertad de trabajo”, asegura Fernando Asturizaga. Por ello, Anapo demanda que las investigaciones alcancen no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales, financiadores, instigadores y a quienes integran redes de tráfico de tierras.
Finalmente, la entidad que representa a más de 14.000 productores de Santa Cruz solicita la conformación de una comisión especializada de fiscales con conocimiento en materia agraria que investigue de oficio estas redes criminales y sus posibles vínculos con otras actividades ilícitas, y que, “tras el debido proceso, se sancione a los responsables para evitar la reincidencia que ya ha afectado a numerosas familias, a la prensa y a efectivos policiales en Santa Cruz”.
“Este es el momento de recuperar la institucionalidad, el respeto a la ley y sentar las bases para una producción sostenible, erradicando la persecución y la extorsión en el campo boliviano”, concluye el asesor legal de Anapo.
