Mayo 2025. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su disconformidad por la decisión del Gobierno de autorizar, recién ahora, la exportación de hasta 250 mil toneladas de grano de soya. Según la entidad, la medida llega con demasiado retraso, cuando la cosecha ya registra un avance del 90%, y los productores ya han comercializado casi toda su producción en el mercado interno, sin poder aprovechar mejores condiciones de precio en el exterior.
“El impacto de esta decisión será mínimo para los productores, especialmente para los pequeños. La medida llega tarde, cuando ya no hay margen para negociar con base en la oportunidad de exportación. Lamentablemente, los únicos beneficiados serán los acopiadores e intermediarios”, afirmó Jaime Hernández, gerente general de Anapo.
El sector productivo recordó que desde enero se conocía que la superficie sembrada alcanzaba 1,2 millones de hectáreas, con una proyección de al menos 3 millones de toneladas de grano. De ese total, el mercado interno solo demanda unas 800 mil toneladas, lo que dejaba un potencial excedente exportable cercano a los 2 millones de toneladas.
Pese a esa información disponible desde el inicio de la campaña, la liberación de exportaciones no fue priorizada. Anapo también observó que la autorización del Gobierno no es plena, ya que está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos administrativos, que, si bien se presentan como mínimos, en la práctica se traducen en trabas burocráticas que dificultan el proceso exportador.
“Estos trámites son un retroceso respecto al acuerdo alcanzado en 2019, cuando se estableció un mecanismo automático para exportar hasta el 60% de la producción del año anterior, conforme a datos del INE, y que fue formalizado mediante el Decreto Supremo N° 3920. Ese acuerdo ha sido incumplido este año por el propio Gobierno”, subrayó Hernández.
La institución remarcó que la libre exportación sin cupos ni restricciones es una condición indispensable para brindar previsibilidad a los productores, estimular la producción de alimentos y garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario. En ese sentido, instó al Ejecutivo a revisar sus políticas con visión de largo plazo, sin frenar el acceso a mercados ni castigar a quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.
