Cocaleros de los Yungas piensan una norma para abrogar la Ley General de la Coca (906) que beneficia a los productores del Chapare, cuya hoja no se vende para el consumo tradicional, sino tiene otros fines.
En su intención de abrogar la Ley 906, la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) piensa en una nueva norma que permita regresar a las 12.000 hectáreas legales de cultivo a nivel nacional, tal como mandaba la Ley 1008, y así evitar la sobreproducción de la hoja.
La Ley General de la Coca, promulgada en marzo de 2017 por el gobierno de Evo Morales, incrementó el cultivo nacional a 22.000 hectáreas, de las cuales 14.300 iban a La Paz y 7.700 al Chapare de Cochabamba, región afín al expresidente.
“Con 12.000 hectáreas estábamos tranquilos y conformes, pero con esta nueva ley, la 906, lo ha aumentado a 14.300 hectáreas”, afirmó a Página Siete el dirigente de Adepcoca, Sergio Pampa.
El cocalero manifestó que el problema de haber legalizado más hectáreas es la sobreproducción. “Si vamos a plantar coca a nivel nacional o vamos a seguir permitiendo que haya más coca, ¿dónde vamos a vender nuestra coca nosotros? El gobierno (de Morales) no ha fomentado la industrialización de la coca, no ha hecho nada por ese ámbito, pero se preocupó en aumentar las hectáreas de coca, esa fue la disconformidad, por esa razón pedimos que esa ley de coca del Movimiento Al Socialismo (MAS) no debe seguir adelante”, demandó Pampa.
Según el informe de monitoreo de cultivo de coca de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la coca que más se vende para el consumo tradicional es la producida en los Yungas de La Paz, mientras que la mayor cantidad de coca del Chapare se va a otros fines, presuntamente al narcotráfico.
La Ley 1008 estipulaba que 12.000 hectáreas eran las legales en el país, todas correspondían al territorio paceño. Consideraba ilegal los cultivos del Chapare, pero en un acuerdo de 2004 se estableció que en el trópico de Cochabamba se legalice hasta 3.200 hectáreas de producción.
Pampa señaló que si bien no hay proyecto de ley terminado, Adepcoca está en conversaciones con el gobierno de Jeanine Añez para ver la posibilidad de modificar o abrogar la Ley 906.
“Estamos yendo por el camino del diálogo, desde esta quincena de enero vamos a tener más claras las cosas”, resaltó.
Acotó que hay la predisposición del Gobierno para negociar y están a la espera de reunirse con las autoridades. “Una vez que nos autoricen la modificación de la ley, vamos a conformar comisiones de trabajo, mesas de trabajo con los profesionales de los Yungas. Para nosotros no es difícil armar una ley, porque nosotros sabemos nuestra vivencia, la producción, comercialización y tenemos un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, dijo.
Por su parte, el dirigente de los cocaleros del Chapare, Leonardo Loza, afirmó que la Ley 906 se basó en la Constitución Política del Estado (CPE) y que fue consensuada con todos los productores, tanto de los Yungas como del Chapare. “Creo que el que esté contra la Ley 906 es enemigo de la hoja de coca”, indicó.
Acotó que la idea de Adepcoca de modificar la norma es contraria a lo que quieren todos los cocaleros y no descartó movilizaciones si se cambia la ley. “Para nosotros, la CPE se respeta y nuestra ley de la coca también. Si algo pasa, en su momento decidiremos las medidas a tomar”.
La polémica Ley General de la Coca y la espera de un referendo
“Este día con seguridad será histórico, es una día muy importante para nuestra dignidad, para la hoja de coca que representa a esa cultura milenaria (…) Llegó la hora de enterrar la Ley 1008, que busca enterrar la hoja de coca en Bolivia. Es un día histórico”. Así Evo Morales promulgaba la Ley General de la Coca (906) en marzo de 2017.
Aquella mañana en el Palacio Quemado el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) celebró el incremento de cultivos legales de coca a 22.000 hectáreas, lo que fue recibido con júbilo por los cocaleros del trópico de Cochabamba que no tuvieron ninguna participación en las negociaciones anteriores a la sanción de la nueva norma.
No obstante, la dirigencia de los cocaleros de los Yungas no estuvo de acuerdo con la promulgación de la Ley 906, sus líderes no estuvieron en el acto.
Franclin Gutiérrez, el máximo dirigente, dijo aquella vez que se sintió presionado por el entonces presidente y los ministros para que firme el acuerdo que validaba un incremento de cultivos tanto en los Yungas de La Paz como en el Chapare cochabambino.
En aquella ocasión, Gutiérrez fue pesimista, anunció que los cocaleros de Yungas esperarían un cambio de Gobierno para que se convoque a un referendo, en el cual se decida cuál es la coca que se consume de forma tradicional en Bolivia. Eso era difícil de pensar, pues Morales pisaba fuerte y tenía todo el poder.
Después de las elecciones del 20 de octubre, las cuales terminaron por anularse ante un fraude que fue confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Jeanine Añez asumió la Presidencia del país.
Gutiérrez, que había sido encarcelado sin pruebas por el gobierno anterior por la muerte de un policía, recuperó su libertad y como máximo líder de los cocaleros de los Yungas se reunió con la Presidenta para pedirle que la ley de la coca sea abrogada.
Punto de vista
Saúl Lara, exministro de Gobierno (2003-2005)
“Esta ley no tiene base científica”
Yo creo que hay que buscar el contexto histórico y político de la norma. En el histórico, ya (la ley) de 12.000 hectáreas no tenía base científica, fue un estimado con base en un estudio académico, a volúmenes estimados para uso y consumo legal de la hoja de coca.
De manera tal que si esas 12.000 hectáreas que fueron la base para insertar la Ley 1008 no tenían una base científica, las 22.000 hectáreas han respondido a un criterio político y de satisfacción a la demanda de los cocaleros, cuyo presidente de las seis federaciones era presidente del país y líder de la bancada mayoritaria que tenía el MAS en el Parlamento.
No tiene ninguna base científica. La demanda de los compañeros de Adepcoca es legítima, (…) debería exigirse la transparencia de los estudios que fueron financiados por la Unión Europea para tener exactitud de la cantidad y volúmenes que el país requiere para uso y consumo lícito de la hoja de coca, el resto irá a parámetros de orden etílico.
