Las y los periodistas y trabajadores de la prensa de Bolivia reunidos en un Foro Nacional, los días 24 y 25 de octubre de 2025 en la ciudad de Cochabamba, reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Bicentenario de Bolivia y el Centenario de la Ley de Imprenta son una ocasión para reflexionar sobre los logros y retrocesos en la protección de la libertad de expresión y de prensa, así como para exigir el compromiso del Estado y convocar a la sociedad en defensa de estos derechos fundamentales.
El periodismo boliviano enfrenta una de las etapas más difíciles de su historia reciente. En el periodo 2021-2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Unitas ha documentado 679 vulneraciones a la libertad de prensa, entre las que se cuentan agresiones físicas y psicológicas, amenazas de muerte, campañas de hostigamiento y presiones para levantar el secreto de fuente, criminalización, ciberacoso y acoso sexual. A esto se suma la situación de aguda precarización laboral que afecta a siete de cada diez periodistas.
El Estado se constituye, hoy, en el principal agresor de la libertad de prensa, mientras que el sistema judicial deja en la impunidad los atentados contra la integridad de periodistas y, en muchos casos, se presta a la criminalización del trabajo periodístico. El caso “Las Londras” es la evidencia más bochornosa de esta impunidad.
Este marco sistemático de vulneraciones a la libertad de prensa tiene un propósito claro: silenciar al periodismo, inducir a la autocensura y, de esa manera, afectar el derecho colectivo a la libertad de expresión e información. No solo atenta contra los derechos de las y los periodistas y trabajadores de la prensa, sino que, además, violenta los principios elementales de la democracia y el derecho ciudadano a recibir información plural y veraz.
Ante este panorama, las y los periodistas y los trabajadores de la prensa del país exigimos la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, indispensable para la transparencia, el control social y el ejercicio responsable del periodismo, y de una Ley de Protección a Periodistas, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación.
Asimismo, solicitamos una auditoría integral independiente de los gastos en publicidad estatal y la aplicación de reglas transparentes y equitativas para su asignación, a fin de eliminar el uso político de la pauta oficial.
En esa misma línea, demandamos una transformación profunda de los medios estatales para que se constituyan en verdaderos medios de servicio público, gestionados con criterios meritocráticos, pluralistas y con rendición de cuentas.
El país necesita un periodismo libre, plural, responsable y protegido, capaz de contribuir a la reconstrucción de la confianza ciudadana y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
En ese sentido, las y los periodistas y trabajadores de la prensa del país reafirmamos nuestra defensa de la Ley de Imprenta, como garantía histórica de las libertades de pensamiento, expresión y prensa, a la vez que exigimos el respeto y cumplimiento de los derechos laborales, pues la labor de las y los periodistas y trabajadores de la prensa merece ser compensado con un salario digno y pagado a tiempo.
La misión del periodismo es contribuir a la construcción democrática con un trabajo ético, verificado y contextualizado. En tiempos de polarización, el periodismo debe ser un cable a tierra que pondera los hechos y da cabida a la diversidad de voces en la información, a la vez que opina con honestidad.
Adaptarse a las nuevas plataformas y lenguajes no puede significar abandonar las premisas básicas del oficio ni contribuir al ecosistema de la desinformación que desacredita al periodismo, erosiona la confianza pública y favorece a los autoritarismos que acusan falsamente a los medios y periodistas de mentir.
En este marco, las y los periodistas y trabajadores de la prensa del país convocamos al nuevo gobierno, a la Asamblea Legislativa, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil a promover un diálogo nacional para consolidar un marco democrático de garantías que proteja a quienes tienen derecho a ser informados y a quienes ejercemos el periodismo.
¡No hay democracia sin libertad de expresión!
¡No hay libertad de expresión sin libertad de prensa!
Cochabamba, 25 de octubre de 2025
