El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que Flores fue detenido la tarde del martes en el domicilio de su cuñado, donde se secuestró documentación vinculada al caso. Tras ser trasladado al Ministerio Público, el exejecutivo se acogió a su derecho al silencio.
De acuerdo con las pesquisas, el salario acumulado de Flores entre 2022 y 2025 fue de Bs 700.000, pero se detectó un “excedente no justificado” de Bs 209.150, además de depósitos realizados por funcionarios de Emapa. Es investigado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.
Los otros implicados
Junto a Flores también fueron aprehendidos:
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Daniela Elena A., fiscal de obras civiles de Emapa, quien inicialmente acudió de manera voluntaria a declarar, pero terminó aprehendida. Se detectó un incremento patrimonial de Bs 61.290 y depósitos de funcionarios públicos en sus cuentas. Además, emitió dos informes sobre contratos modificatorios sin observaciones, pese a irregularidades.
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Marvel Javier V. O., exgerente financiero, con un desbalance de Bs 1.400.900. Según la Fiscalía, el exfuncionario adquirió cuatro vehículos —uno de ellos pagado íntegramente en efectivo— durante su paso por Emapa, donde ocupó el cargo de jefe financiero en periodos intercalados.
Ambos enfrentan procesos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.
El caso de la planta de papa
La investigación se remonta al 9 de noviembre de 2022, cuando la empresa constructora Piloto SRL y Asociados se adjudicó el proyecto de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto.
Durante la ejecución de la obra se firmaron dos contratos modificatorios que, según la Fiscalía, incumplieron el artículo 89 del Decreto Supremo 181, al incluir incrementos de ítems y alteraciones de precios unitarios sin justificación técnica ni causales extraordinarias.
La planta apenas funcionó de manera parcial entre enero y julio de 2025, con unos 36 días de producción de papa y 50 de puré, pese a contar con entre 63 y 64 trabajadores asalariados financiados con recursos públicos.
Además, la obra fue construida en un terreno de 2,5 hectáreas cedido mediante convenio entre la Alcaldía de El Alto y Emapa en diciembre de 2022. Sin embargo, hasta la fecha la estatal no consolidó el derecho propietario del predio.
“Tenemos todos los informes técnicos y legales para demostrar que la planta funciona”, se defendió Flores en un breve contacto con los medios, tras declarar ante el Ministerio Público.
