La adolescente de 17 años que pidió asilo político y protección a la Embajada de Estados Unidos a cambio de asesinar al presidente Evo Morales será investigada por un posible delito de amenazas, dijo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
«Las amenazas son una figura tipificada jurídicamente en el código penal. Estamos frente a un delito por proferir amenazas. Hay una intencionalidad, un elemento expreso, hay una nota escrita», detalló el Ministro en el programa de la televisión estatal «El pueblo es noticia».
Romero matizó que la adolescente es menor de edad, pero igualmente los hechos tienen «configuración legal».
El Ministro explicó el sábado en una conferencia de prensa que la Embajada de Estados Unidos había comunicado a la Policía que una joven se había ofrecido a Estados Unidos para asesinar al Presidente a cambio de asilo político y protección para su familia.
La adolescente, que según Gobierno vive en la ciudad de La Paz con su madre y cuyo nombre no se difundió, se dirigió a la Embajada a través de una comunicación electrónica a la cuenta de Facebook de la institución y su correo electrónico.
Es posible que la menor de edad actuara así alentada por las malas relaciones entre Estados Unidos y el Gobierno desde que Evo Morales asumió el poder en 2006, y que tuvo como mayores hitos la expulsión mutua de embajadores en 2008.
Los abogados del Ministerio recibieron instrucciones para formalizar la denuncia por un supuesto delito de amenazas ante la Fiscalía.
Romero explicó que el Gobierno tiene que defender a cualquier ciudadano boliviano que denuncie una amenaza, pero al presidente por doble motivo ya que «tiene una investidura que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, le ha conferido».
