Sin esperar una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la sesión del 6 de junio pasado el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca Céspedes, volvió a convocar a la misma sesión con una agenda diferente; la misma se realizará este martes desde las 17:00.
“El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, jilata David Choquehuanca Céspedes, convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la séptima sesión ordinaria de la Asamblea, a realizarse el día martes 18 de junio, a horas 17:00”, señala el texto de la convocatoria publicada este lunes.
El 5 de junio la Vicepresidencia emitió un comunicado convocando a la “séptima sesión ordinaria” aunque la agenda en esa oportunidad era la consideración del “decreto presidencial N 5137 de fecha 26 de marzo de 2024, ‘Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias’. Aunque esa agenda luego fue modificada y el evismo, apoyado por los opositores, cambió toda la agenda.
Un día después Choquehuanca, que ostentaba el cargo de presidente en ejercicio del Estado, envió una nota al TCP para que se pronuncie sobre la legalidad de la cuestionada sesión, hasta el momento el ente constitucional autoprorrogado no se pronunció sobre el pedido del dignatario.
Sin embargo, este publicó su convocatoria llamando a sesionar este martes, y tuvo el cuidado de mencionar que se trata de la “séptima sesión ordinaria”; es decir, la misma que dirigió Andrónico Rodríguez. En esa sesión del 6 de junio se aprobaron tres leyes y unja resolución camaral, las mismas que son cuestionadas por el Ejecutivo.
En esta oportunidad, la agenda que propone Choquehuanca tiene tres puntos: «designación de la comisión de Asamblea para el receso legislativo de medio año”. Los legisladores tendrán un descanso de 15 días, pese a que no sesionaron gran parte de este primer semestre.
Asimismo, hay otros dos puntos, el tratamiento de las observaciones del presidente constitucional del Estado a la ley sancionada denominada “Ley para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Sucre y Potosí”, mientras que el último punto prevé el tratamiento del “proyecto de homenaje a víctimas del periodo inconstitucional, del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”.
El gobierno tiene en puertas un conflicto con mineros de Cochabamba, que este lunes bloquearon por algunas horas la carretera que los une con Oruro, en demanda de la promulgación de una de las leyes sancionadas el 6 de junio pasado.
