Córdova enfatizó que la descentralización del control minero permitiría supervisar las operaciones y garantizar una distribución justa de las regalías ya que, a pesar de su crecimiento, el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) es una entidad débil.
En una reciente entrevista realizada por Cabildeo, el también exviceministro de Desarrollo Productivo Minero y Metalúrgico apuntó a que, desde las gobernaciones y alcaldías, deberían regularse las acciones de las cooperativas mineras, ya que muchas aumentaron sus ganancias sin pagar impuestos de ley y en asociación con empresas extranjeras de dudosa reputación. Señaló que esta es una tarea urgente, pues -si bien la historia de Bolivia está intrínsecamente ligada a la minería, desde la colonia hasta el día de hoy- con el agotamiento del gas natural y la débil influencia de otros sectores económicos, la minería persistirá como el motor económico del país.
Las cooperativas mineras han ganado fuerza en las últimas décadas convirtiéndose en un sector social influyente y políticamente poderoso, ocupando puestos como el de Ministerio de Minería y hasta ser parte importante de las Fuerzas Armadas. Esto demuestra su significativa influencia en diversos ámbitos de la sociedad boliviana.
Con el aumento de precios experimentado desde el 2005, las ganancias que alcanzaron entre 20.000 y 40.000 dólares, gracias ello muchos cooperativistas dejaron de trabajar de manera directa optaron por contratar a otros mineros quienes, a su vez, subcontrataban a más trabajadores esto no coincidía con la distribución equitativa de las ganancias, que es uno de los principios de la minería cooperativizada.
El experto señaló que si las cooperativas mineras contribuyeran de manera equitativa con regalías, impuestos y respeto al medio ambiente, el panorama económico de Bolivia sería más prometedor. Las ganancias podían ser distribuidas entre múltiples personas, sin embargo, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se estableció una escala de regalías mineras que las cooperativas lograron disminuir del 7% al 2.5%, dejando un vacío en los ingresos del Estado.
En el caso del oro, se buscaba lo contrario para que las comercializadoras no negociarán en el extranjero a nombre del país. “Hubo una intención de centralizar con la Ley del Oro… pero ningún cooperativista ha vendido un gramo al Estado”, comentó.
En cuanto a las empresas privadas, el panorama es diverso. Algunas, como International Mining Company S.A., demostraron persistencia a lo largo del tiempo, otras más recientes como la Minera San Cristóbal, que fue considerada el proyecto minero privado más grande de Bolivia y destacó por su yacimiento, uno de los más grandes del mundo en zinc, plomo y plata.
