Días después de que la anulación del título en provisión nacional del abogado Eduardo León causara protestas y cuestionamientos incluso del Colegio de Abogados, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó a Página Siete las razones de esa medida.
Asimismo, se refirió al caso del vicepresidente Álvaro García Linera, que en sus documentos personales aparece como «licenciado en matemáticas”. Para él, no es lo mismo.
Sobre el tema del título del abogado, incluso se pronunció Derechos Humanos de la ONU.
¿Por qué en 2014, el Ministerio de Educación certificó que Eduardo León obtuvo su título de abogado cumpliendo todos los requisitos que establecen las normas?
Este año el Ministerio de Defensa nos remitió un documento que dice que la libreta es falsa. Entonces, en nuestro marco de responsabilidad, hicimos el procesamiento administrativo que corresponde. Antes, en 2014 no teníamos esa nota.
¿No detectaron el documento supuestamente falso?
No, porque obviamente el documento fue presentado como cualquier otro de cualquier institución. Se emite, se saca fotocopia legalizada y se lo remite a la instancia que lo requiere, la que adjunta el documento, de buena fe, en el archivo.
Cuando el Ministerio de Defensa informó de esta situación, sobre esta base inmediatamente hicimos la revisión y comprobamos que la libreta estaba en su file. Esto lleva a que en 1999 cometió un delito de falsedad material ideológica, presentó un documento falso, por lo que se anula la resolución ministerial del título en provisión nacional.
¿Qué tendría que hacer el abogado Eduardo León para ejercer nuevamente su profesión?
Nosotros no hemos anulado sus estudios, no hemos anulado su diploma académico. Lo que se está haciendo es un procedimiento administrativo, que está establecido en la norma, porque se ha presentado un documento falso. Por lo tanto, deriva en una acción administrativa.
Su derecho es que se le reponga su título en provisión nacional. Él puede decir que como la libreta de servicio militar no es un requisito obligatorio después de 2006, se le extienda el título en provisión nacional. Nuevamente se procedería. Podemos brindar su título.
¿No debería haberse comprobado la falsedad antes?
León reclamaba que no le han dado el derecho a la defensa. En procesamiento administrativo, ante una decisión de la autoridad, el caso de un ministro, el derecho al debido proceso es el que León ha seguido ahora, el recurso de revocatorio. Por eso no ha presentado automáticamente un recurso de amparo constitucional. Es su derecho en este proceso.
Si él considera que la medida que ha tomado el Ministerio de Educación es incorrecta, que demuestre que su libreta presentada en 1999 es verdadera. Si nosotros hemos cometido una irregularidad al anular esa resolución, tenemos que modificarla. Si no presenta su libreta, él estaría ratificando que cometió un delito.
¿Qué opina de lo que dijo la ONU respecto a la anulación del título de León?
Lo que pasa es que no conocen el procedimiento y están actuando de acuerdo con la información parcial y de la prensa.
¿Por qué no se trata de la misma forma el caso de Álvaro García Linera, que figura como «licenciado en matemáticas” en sus documentos?
No es lo mismo, el Vicepresidente no ha presentado un file, con un documento que diga licenciado, falsificándolo.
¿El hecho de denominarse «licenciado” sin serlo en un documento oficial no es ilegal?
Eso es un aspecto que sí tiene que ser investigado. Por ejemplo, si su postulación incluye un documento o fotocopia donde dice licenciado de alguna universidad, eso sí sería falsificación. La diferencia está entre la presentación de un documento falso y el uso de la sigla de licenciado.
¿Es permitido usar un título sin realmente tenerlo?, ¿cualquier persona puede atribuirse el título que desee?
No, ése es un aspecto que tiene que ser verificado.
¿Quién tiene que verificar?
Los colegios profesionales.
¿No corresponde al Ministerio de Educación?
No, porque el ejercicio profesional no depende del Ministerio de Educación. Le corresponde hasta el otorgamiento de la licencia, del título en provisión nacional. Por eso, por ejemplo, el registro de abogados está en el Ministerio de Justicia, no en el Ministerio de Educación.
Fuente: Madeleyne Aguilar – Página Siete
