Bajo las consignas de “¡Defendamos la estabilidad laboral!” y “¡Sin recursos no hay salarios, sin empresas no hay empleos!”, la organización sindical con 68 años de actividad, afirma que entidades públicas y privadas “también apuestan a la exclusión de publicidad ocasionando que esta empresa, como otras, corra el riesgo de cerrar sus puertas no sólo al empleo de sus trabajadores, sino al derecho de disentir y la posibilidad que tienen otros ciudadanos de libre expresión…”
La FTPLP recuerda que “El Diario con sus 118 años de vigencia, siendo uno de los medios escritos más antiguos del territorio nacional, enfrenta una de sus mayores crisis, la misma que se profundizó desde el 2013, año en que (su edificio) fue embargado y posteriormente desvinculado de la publicidad estatal que otros medios de comunicación lograron obtener”.
El medio impreso fundado el 5 de abril de 1904, fue blanco de numerosos ataques por su línea editorial de independencia y como efecto de ello fue intervenido por el gobierno el 7 de octubre de 1970, el mismo día en que asumía la presidencia el general Juan José Torres (1970-1971), y reanudó sus ediciones el 1 de septiembre de 1971.
El Diario informó a sus lectores que sus obligaciones fueron pagadas a través de mercancía que, en su momento, la administración tributaria aceptó, pero a lo largo de los años sus funcionarios desconocieron tales pagos, y con ello convirtieron al medio en sujeto deudor permanente.
Al respecto, la FTPLP señala que “no busca establecer las razones por las cuales las deudas contraídas con el Estado por parte de la empresa periodística no fueron hasta la fecha resueltos, pero lo que esta instancia sindical observa es que los medios de comunicación deban obtener el mismo derecho de alcanzar la publicidad estatal, sin que ello signifique no asumir sus obligaciones impositivas, laborales, entre otros”.
La organización sindical salió en defensa de El Diario, dos meses después que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el periódico Los Tiempos, de la ciudad de Cochabamba, enfrenta persecución tributaria y el intento de un empresario vinculado al partido de gobierno por obtener el control del medio impreso que circula hace 79 años.
