Procurador revisará las 35 mil actas de 2019 y pone en duda veedurías electorales
“Hacemos un desafío abierto todos quienes han mencionado que había fraude electoral, a esos líderes de la oposición que se llenaban la boca diciendo que ‘fraude aquí o fraude allá’, vamos...
“Hacemos un desafío abierto todos quienes han mencionado que había fraude electoral, a esos líderes de la oposición que se llenaban la boca diciendo que ‘fraude aquí o fraude allá’, vamos públicamente a revisar acta por acta, lo que no ha hecho la OEA, las actas están digitalizadas en el tribunal electoral. Esto no nos va a tomar mucho tiempo, una semana o 10 días tal vez. Que todo el país vea que no ha existido fraude”, señaló Chávez.
El Procurador informó que enviará el documento de la Contraloría a la OEA para dar a conocer de manera oficial el incumplimiento de los acuerdos y que “no se realizó ninguna auditoría”.
“Vamos a remitir, por conducto regular, este informe a la Cancillería, voy a pasar el informe (de la Contraloría) para que sea remitido; asimismo, a la OEA y esperemos la respuesta de estos señores”, denunció Chávez.
Chávez también puso en duda a las misiones de observación electoral, porque son “de engorde” y de “paseo”.
“Eso de la veeduría (…) son al final grupos de amigos que van a pasear. Esas veedurías son dudosas; nosotros queremos que el pueblo cuide sus actas, no necesitamos veedurías”, dijo.
Aseveró que “pueblo puede cuidar sus actas” y que el país “no necesita de veedurías; necesitamos que la gente compruebe su voto en mesa. Esas veedurías son de engorde porque van de país en país”, dijo.
“No tiene competencia”
La misión de la Contraloría es fiscalizar los recursos públicos y las acciones de los funcionarios, pero no tiene la competencia de revisar los acuerdos que se suscriben entre el Estado y un organismo internacional, advirtió el abogado constitucionalista Williams Bascopé.
“Es una falta de seriedad que el Gobierno esté tratando de justificar el incumplimiento del acuerdo con la OEA, la misión y tarea de la Contraloría es fiscalizar lo que la ley le faculta, uno de ellos la Ley Safco que se aplica a funcionarios o instancias estatales que manejan fondos públicos”, dijo el jurista a la ANF.
Añadió que la auditoría que realizó la OEA no usó recursos estatales para ejecutar su trabajo, tampoco participaron funcionarios públicos en el proceso de análisis de los resultados, por tanto no tiene la necesidad de ser fiscalizada por la Contraloría.
