La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de su cuenta de Twitter, pidió al Gobierno boliviano que para “no criminalizar la libertad de expresión” se modifique el Decreto Supremo 4231 – que sanciona penalmente la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población-.
“La respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del Covid-19, resulta excesiva”, señala la oficina de la ONU en Bolivia.
En ese sentido, la OACNUDH señala que el Secreto Supremo 4231 “sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”.
“La Misión de la OACNUDH alienta al gobierno de Bolivia a hacerlo y se pone a su disposición para lograrlo”, añade en su comunicado.
Asimismo, la oficina de la ONU recuerda pronunciamientos en esa línea de la Relatoría de la ONU sobre Libertad de Expresión y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Como señaló el Relator de ONU sobre Libertad de Expresión en su último informe sobre la pandemia DEL Covid-19, ‘los principios de legalidad y necesidad deben ser aplicados en cualquier tratamiento a la desinformación (…) la penalización de la desinformación es desproporcionada (…)Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha enfatizado que ‘en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias’”, concluye el mensaje de la OACNUDH.
Así, la ONU se unió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los gremios de prensa, y otros sectores, que expresaron sus críticas a la norma.
Entretanto, desde el Gobierno se sigue defendiendo el polémico Decreto. Ayer, el Ministerio de Comunicación, a través de un comunicado, señaló que la norma “no crea delitos” y solo busca “proteger a la sociedad de las noticias falsas”.
“El Decreto 4231 del 7 de mayo fue redactado con el ánimo de proteger a la sociedad de las noticias falsas. Las noticias falsas pueden costar vidas. Por ello se quiere castigar a los perpetradores de noticias falsas que matan o multiplican la enfermedad”, señala el comunicado.
Entretanto que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había manifestado que el «98%” de la población no tiene que temer al Decreto.
La presidenta del Estado boliviano, Jeanine Añez, promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo (DS) 4231 que modifica los alcances de los decretos 4119 y 4200 y ahora sanciona penalmente la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población”.
Así, con la vigencia de ambos decretos, cualquier persona que difunda información en cualquiera de esas tres formas y otras, será pasible a denuncia por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. El nuevo decreto modifica el parágrafo II del artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020; y el parágrafo II del artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020.
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