Las pasadas elecciones del 20 de octubre, se mancharon por un fraude electoral que cada vez es más evidente
Según el artículo 238 de delitos electorales inciso a, establece que las autoridades que hayan ejecutado un proceso electoral, contrario a la constitución política del estado: sea de referendo o revocatoria de mandato serán sancionados con la pena privativa de libertad de dos a cinco años y la inhabilitación del ejercicio de la función pública por un tiempo de cinco años.
Es decir que el ministerio público deberá actuar de oficio en contra de los vocales del tribunal supremo electoral quienes avalaron la repostulación de binomio de MAS y actuaron de manera irregular en los comicios del pasado 20 de octubre.
María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral reiteró en varias oportunidades que las elecciones presidenciales fueron transparentes y avaló al binomio político del MAS para participar en urnas, pese a que el referendo de 2016 negó a Morales y a Garcia Linera ir a una cuarta reelección por el mandato de Bolivia.
Este domingo 10 de noviembre, miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes se encuentran en territorio boliviano realizando una auditoría al proceso electoral consumado el pasado mes, emitieron un informe preliminar en el que afirman que existió manipulación en las elecciones del 20 de octubre, este organismo internacional recomendó nuevas elecciones en Bolivia con nuevos representantes del en el Tribunal Supremo Electoral.
Asimismo, el jefe de estado Evo Morales, sin referirse al informe de la OEA, aceptó que haya nuevas elecciones en Bolivia, con nuevos actores políticos y la renovación inmediata de los vocales del Tribunal Supremo Electoral.
