“La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en el Juzgado Tercero de Instrucción Penal y Anticorrupción de la ciudad de Santa cruz, donde el Ministerio Público fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales”, dijo Salguero.
Por su parte la Fiscal asignada al caso, Mirtha Mejía Salazar, indicó que en la relación fáctica de los hechos, dentro del principio de objetividad y habiendo efectuado la valoración de todos los elementos de convicción, se pudo establecer la probabilidad de autoría del imputado en los delitos de corrupción.
Agregó que entre los riesgos procesales acreditados se tiene que Gabriel A. S. tiene la facilidad para movilizarse de un lugar a otro, lo que constituye en peligro de fuga, además que en calidad de funcionario público puede obstaculizar la investigación ya que tiene acceso al manejo de la documentación y al sistema que manejaba.
Según el cuaderno de investigación, el 11 de marzo del presente año el Ministerio Público recibió una denuncia por los presuntos delitos de Cohecho Pasivo Propio, Beneficio en Razón del Cargo, Peculado, Manipulación Informática e Incumplimiento de Deberes en contra del imputado.
En el mes de febrero de este año se realizó un arqueo de las oficinas de Derechos Reales de Montero, en la que se encontró varias irregularidades que afectan de forma directa a las arcas del Estado con un monto preliminar de 647.301,30 bolivianos.
Las irregularidades detectadas están referidas en varios documentos como consta en el documento Nº 552422 Nº de testimonio 5313/2018 que ingresó en el servicio de hipoteca el 17 de enero con un monto 5.067.576,00 bolivianos, debiendo pagarse el 4 por 1000 de la cantidad total de la hipoteca, debiéndose depositar 20.270,00 bolivianos en favor de Derechos Reales; sin embargo, solo se reportó 192 bolivianos de dicho trámite, este es un caso de los más de 14 trámites de inscripción de hipoteca en las que se cometió el ilícito investigado.
