El Tribunal Supremo de Justicia debe remitir el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa solicitando autorización de juicio de responsabilidades.
“Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso (…). Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.
Carlos Mesa es sindicado por presunto daño económico al Estado en un laudo arbitral en el que perdió Bolivia con el pago de $us 42,6 millones a Quiborax. Él sostiene que la administración de Evo Morales busca endilgarle la responsabilidad de su mala defensa.
La Fiscalgía General recordó que en fecha 19 de junio del presente año, Mesa junto a su abogado Carlos Alarcón se presentaron a citación del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, sin embargo una vez instalada la audiencia para la toma de declaraciones y tras la lectura de sus generales de ley, la exautoridad nacional dijo “me remito a mis tres memoriales presentados”, eludiendo con ello las preguntas del Fiscal General del Estado.
Entre sus memoriales, Mesa solicita que las investigaciones se amplíen a los ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; de Minería, César Navarro Miranda; al Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diederich; y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, por la presunta comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes. Por tratarse de autoridades que no gozan de privilegio constitucional el caso fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz.
El Ministerio Público inició la acumulación de antecedentes luego que la Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert por no cumplir la Ley Nº 2564 y la emisión ilegal del DS 27589 que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y el pago de 42,6 millones de dólares.
/Correo del Sur/
