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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció este miércoles 4 de noviembre que abandonó Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos y que permanecerá en el exilio hasta que existan condiciones que, según afirma, garanticen su seguridad y la de su familia. En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, sostuvo que el país dejó de ofrecer garantías jurídicas, denunció una presunta persecución política y advirtió que teme ser encarcelado o sufrir un atentado. Pese a su salida, aseguró que no renunciará al cargo que ocupa en el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
“Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, expresó el magistrado, al explicar por qué tomó la decisión de salir del territorio nacional. Saucedo aseguró que no tiene procesos judiciales abiertos al momento de su partida, pero manifestó que teme que se construyan acusaciones y se fabriquen elementos de prueba para iniciar acciones penales en su contra. Estas afirmaciones corresponden a su denuncia y, hasta el momento, no constituyen hechos comprobados judicialmente.
La decisión tiene consecuencias que van más allá de la situación personal del magistrado. La máxima autoridad del TSJ se encuentra fuera del país mientras sostiene que conserva sus atribuciones y rechaza cualquier intento de sustituirlo. En paralelo, la decana del tribunal, Rosmery Ruiz, convocó a Sala Plena para analizar la situación y garantizar la continuidad institucional. El caso abre interrogantes sobre la conducción del Órgano Judicial, la seguridad de sus autoridades y la relación entre el poder político y la administración de justicia.
Saucedo acusa al poder político de preparar una persecución
En su comunicado, el presidente del TSJ afirmó que enfrenta un ataque sistemático que, según su versión, comenzó con la difusión de informaciones que considera falsas y podría continuar con la construcción de pruebas para desacreditarlo e involucrarlo en procesos penales.
El magistrado sostuvo que su posición frente a las presuntas intromisiones políticas en la justicia habría generado molestias tanto durante la anterior administración gubernamental como en el actual Gobierno. A su juicio, determinados sectores buscarían apartarlo del cargo y utilizar la justicia como un instrumento de presión contra quienes cuestionan sus decisiones.
“Mi cabeza no será su trofeo”, expresó en uno de los pasajes más duros de su pronunciamiento, en el que también advirtió que no permitirá que su salida del país sea utilizada para consolidar un eventual control político del Órgano Judicial.
Saucedo afirmó que retornará cuando considere que existen garantías para su libertad y su integridad física. También pidió protección para su familia y alertó sobre posibles actos de amedrentamiento contra sus padres y hermanas.
Sin embargo, sus denuncias plantean una cuestión que las autoridades deben aclarar: si existen amenazas concretas contra el presidente del TSJ, ¿fueron denunciadas formalmente?, ¿qué medidas de protección se activaron?, ¿qué información manejaban las instancias de seguridad y el Ministerio Público? La gravedad de las acusaciones exige respuestas verificables, tanto para establecer si existe un riesgo real como para evitar que las denuncias queden reducidas a un enfrentamiento de declaraciones políticas.
El asesinato de Víctor Hugo Claure vuelve al centro de la controversia
Uno de los motivos que Saucedo mencionó para explicar su temor es el asesinato de Víctor Hugo Claure Hinojoza, decano del Tribunal Agroambiental, ocurrido la noche del 30 de abril en Santa Cruz de la Sierra.
Claure fue atacado a tiros cuando se encontraba en un vehículo y el crimen provocó preocupación en el sistema judicial. La Policía y la Fiscalía activaron investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales. En los primeros reportes se manejó, entre otras hipótesis, una posible relación con un conflicto de tierras, pero esa línea debía ser investigada y confirmada por las autoridades.
El asesinato también motivó reclamos de autoridades judiciales por la falta de seguridad. En mayo, Saucedo había señalado que se reforzaron las medidas de protección para magistrados tras el crimen. Dos meses después, la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, expresó su preocupación porque el caso todavía no se había esclarecido y pidió celeridad en la investigación.
Ahora, Saucedo sostiene que teme correr la misma suerte. En su comunicado cuestionó que el Gobierno y la Fiscalía no hayan esclarecido el asesinato y afirmó que el sicariato habría superado la capacidad de respuesta del Estado.
No obstante, es importante distinguir entre el temor expresado por el magistrado y la existencia de una amenaza comprobada contra su vida. Tampoco se puede concluir, sin evidencia, que el asesinato de Claure esté vinculado con la situación personal de Saucedo. La conexión que corresponde investigar es si las condiciones de seguridad de las autoridades judiciales son suficientes y si el Estado ha logrado esclarecer los ataques contra sus integrantes.
No renuncia al cargo, pero el TSJ debe resolver cómo continuará funcionando
La frase que introduce una nueva dimensión institucional en el caso es la decisión de Saucedo de permanecer en el exilio sin renunciar a la presidencia del TSJ.
“Mi exilio no significa una renuncia”, sostuvo, al asegurar que la Sala Plena cuenta con el quórum necesario para continuar funcionando sin su presencia. También denunció que el Gobierno tendría un entendimiento con quien podría asumir su suplencia, aunque no presentó públicamente pruebas de esa supuesta coordinación en el comunicado difundido.
La decana Rosmery Ruiz convocó a los magistrados a una sesión para definir los pasos institucionales frente a la ausencia del presidente. La discusión no se limita a determinar quién conducirá temporalmente las sesiones, sino que exige establecer qué disposiciones legales se aplican, cuáles son las atribuciones que Saucedo puede ejercer desde el extranjero y qué procedimiento correspondería si la ausencia se prolonga.
La afirmación del magistrado de que no renuncia expresa su voluntad de conservar el cargo, pero no resuelve por sí misma todas las cuestiones jurídicas. La continuidad institucional deberá sustentarse en las normas que regulan el funcionamiento del tribunal y en las decisiones que adopte la Sala Plena dentro de sus competencias.
En este punto, la pregunta central es quién garantiza que la ausencia de la máxima autoridad no paralice las decisiones del TSJ y cómo se evitará que la controversia termine convirtiéndose en una disputa por el control de la institución.
Las reacciones políticas y la exigencia de pruebas
El anuncio de Saucedo también generó cuestionamientos desde el oficialismo. Según reportes publicados este miércoles, representantes del bloque gubernamental le exigieron presentar pruebas que respalden sus denuncias de persecución y amenazas.
La exigencia de pruebas es pertinente para esclarecer las acusaciones, pero también corresponde a las instituciones del Estado investigar cualquier denuncia concreta de amenazas contra una autoridad judicial. No sería suficiente desestimar las advertencias por tratarse de declaraciones políticas, del mismo modo que tampoco corresponde asumir como demostradas todas las acusaciones que Saucedo dirige contra el Gobierno.
El Ejecutivo debe responder si conocía algún riesgo contra el magistrado, si se activaron protocolos de protección y si existe información objetiva que respalde o descarte sus denuncias. La Fiscalía, por su parte, debe explicar qué mecanismos existen para recibir, investigar y verificar posibles amenazas contra autoridades judiciales.
El propio Saucedo tiene la responsabilidad de aportar los elementos que permitan esclarecer sus afirmaciones. Si sostiene que se preparan procesos o pruebas en su contra, debe precisar qué hechos conoce y qué evidencias puede presentar ante las instancias competentes.
¿Qué ocurre cuando el presidente del máximo tribunal se declara en el exilio?
La salida de Saucedo coloca a Bolivia ante una situación institucional delicada: el titular del máximo tribunal ordinario afirma que no puede permanecer en el país por razones de seguridad, pero pretende conservar el cargo desde el extranjero.
El episodio abre tres interrogantes. Primero, si el Estado puede garantizar la seguridad de quienes administran justicia. Segundo, si las autoridades judiciales pueden ejercer sus responsabilidades con independencia de las presiones políticas. Y tercero, qué mecanismos legales deben aplicarse cuando la máxima autoridad de una institución permanece fuera del país y no presenta una renuncia formal.
El caso también pone a prueba la credibilidad de las instituciones. Si las amenazas denunciadas son reales, corresponde investigar y proteger al magistrado y a su familia. Si existen acusaciones de persecución judicial o fabricación de pruebas, deben verificarse con documentación y procedimientos transparentes. Y si el tribunal puede continuar funcionando sin su presidente, esa continuidad debe explicarse con fundamento legal, no únicamente mediante declaraciones.
Por ahora, la salida de Saucedo y su decisión de declararse en el exilio son hechos anunciados públicamente por el propio magistrado. Las amenazas, la supuesta fabricación de pruebas y el presunto acuerdo político para sustituirlo siguen siendo denuncias que requieren verificación.
La pregunta que queda abierta es si el Estado boliviano podrá esclarecer esas acusaciones, garantizar la seguridad de sus autoridades judiciales y preservar la independencia del Órgano Judicial en medio de una nueva crisis institucional.
