La disputa por el oro llega al corazón de la Amazonía

La minería aurífera vuelve a poner bajo presión a la Amazonía boliviana. Esta vez, el escenario es el río Madre de Dios, en Pando, donde comunidades indígenas y campesinas decidieron pasar de las denuncias a la acción y comenzar el retiro de las balsas utilizadas para la explotación de oro.

La información fue reportada este 7 de octubre por la Agencia de Noticias Ambientales (ANA Bolivia), que señala que los comunarios iniciaron el desalojo después de que venciera el plazo establecido para que los operadores mineros abandonaran las riberas del Madre de Dios y del río Beni.

De acuerdo con ANA, la decisión fue asumida por organizaciones indígenas que ya habían declarado estado de emergencia y habían fijado el 30 de septiembre como fecha límite para el retiro de las operaciones mineras. Según ese reporte, durante la primera hora del operativo fueron retiradas 96 balsas.

Pero la dimensión del problema parece ser todavía mayor.

Un río, cientos de balsas y una disputa que lleva años

El río Madre de Dios no es solamente una vía fluvial. Para los pueblos indígenas que viven en sus riberas es parte esencial de su territorio, de su alimentación y de sus medios de vida.

El conflicto se concentra especialmente en el tramo correspondiente al Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), que comprende aproximadamente 184 kilómetros del río entre Riberalta y la zona de Miraflores.

Una inspección reciente realizada por autoridades indígenas, con acompañamiento técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), encontró una cifra que muestra la magnitud del problema: 270 balsas mineras fueron identificadas a lo largo de ese tramo, según informó ERBOL.

El presidente del TIM II, Lucio Ayala, explicó que durante el recorrido las balsas estaban en el lugar, aunque no se pudo comprobar si estaban operando en ese momento. Las comunidades sospechan que algunas podrían trabajar durante la noche.

El dato también revela una diferencia que debe ser investigada: mientras ANA informa que alrededor de un centenar de balsas fueron retiradas durante el inicio de las acciones, la inspección reportada por ERBOL encontró posteriormente cientos de balsas todavía presentes en el territorio.

Eso plantea una pregunta que las autoridades deberán aclarar: ¿Cuántas balsas operan realmente en el río Madre de Dios, cuántas tienen autorización y cuántas trabajan fuera de las áreas permitidas?

El mercurio ya no es solamente una denuncia ambiental

Detrás de esta disputa no está únicamente el control del oro. Está también la salud de las comunidades.

ANA Bolivia recuerda que estudios realizados entre 2023 y 2025 detectaron presencia de mercurio en hombres, mujeres y niños de las comunidades ribereñas, con niveles reportados entre 1,90 y 5,10 partes por millón, por encima del nivel de referencia de 1 ppm citado en la publicación.

El problema adquiere mayor gravedad porque el mercurio utilizado en la extracción aurífera puede terminar incorporándose a la cadena alimentaria, especialmente a través de los peces que consumen las poblaciones amazónicas.

Un informe técnico del propio Tribunal Agroambiental ya había advertido este año que la minería aurífera aluvial en el Madre de Dios había superado la capacidad de resiliencia del ecosistema y estaba provocando daños graves y acumulativos en el sistema hídrico, los bosques y la salud de las comunidades indígenas.

Durante una inspección realizada en febrero, el Tribunal constató la presencia de 25 balsas mineras solamente en el tramo entre Genechiquía y Loreto.

El diagnóstico también apunta a alteraciones del cauce, acumulación de sedimentos, contaminación y afectaciones a los medios de vida de las comunidades.

Por eso, para los pueblos indígenas, el problema dejó de ser una discusión sobre minería y pasó a convertirse en una disputa por la supervivencia de su territorio.

El ultimátum venció el 30 de septiembre

Las organizaciones indígenas ya habían advertido lo que podía ocurrir.

La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), junto al TIM II y las capitanías Tacana, Kabineña y Ese Ejja, estableció el 30 de septiembre como plazo para que las operaciones mineras abandonaran las riberas de los ríos Madre de Dios y Beni.

La determinación fue tomada después de que las organizaciones denunciaran que no recibían una respuesta efectiva frente a la contaminación y a la presencia de operaciones mineras dentro de territorios indígenas.

Cuando llegó la fecha límite, el conflicto no desapareció.

Al contrario, las comunidades comenzaron a prepararse para intervenir directamente.

Durante una asamblea de emergencia realizada el 29 de septiembre, representantes de la cooperativa ASOBAL presentaron una propuesta a las comunidades. Los mineros plantearon, según La Razón, desarrollar una actividad con mayor consideración ambiental, además de comprometer caminos y obras sociales.

Las organizaciones indígenas respondieron que no rechazaban el diálogo, pero insistieron en el cumplimiento de su Resolución 01/2026, que contempla la inspección y el desalojo de empresas mineras, balseros y otros operadores que desarrollen actividades dentro del territorio.

¿Y dónde está el Estado?

Aquí aparece uno de los puntos más delicados de esta historia.

Las comunidades aseguran que llevan años denunciando la presencia de minería y sus impactos ambientales. Sin embargo, las respuestas institucionales no han logrado detener la expansión de las actividades que consideran ilegales.

ERBOL informó que, durante una inspección reciente, la intención inicial era realizar un desalojo, pero la acción no pudo concretarse por falta de apoyo de la Policía, Fiscalía, Ministerio de Medio Ambiente, la autoridad minera y las gobernaciones de Beni y Pando.

Ese dato explica, en parte, por qué las comunidades comenzaron a actuar por cuenta propia.

El vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Álex Villca, calificó esta situación como una expresión del cansancio y la desesperación de los pueblos indígenas después de años de denuncias por contaminación, vulneración de derechos territoriales y falta de consulta previa.

ANA Bolivia recoge además la advertencia de Villca de que este tipo de acciones podría comenzar a repetirse en otras regiones donde las comunidades consideran que las instituciones estatales no están actuando.

El Tribunal Agroambiental ya había ordenado intervenir

El conflicto tampoco ocurre en un vacío jurídico.

En septiembre, el Tribunal Agroambiental ordenó al Gobierno y a otras instituciones elaborar un plan integral de intervención en las zonas afectadas por la minería, principalmente en los ríos Madidi, Madre de Dios y Tuichi.

El plan debía ser presentado en un plazo de 10 días desde la notificación y comenzar a ejecutarse posteriormente, según explicó la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas.

La propia documentación judicial muestra que el conflicto viene de mucho antes.

La acción ambiental preventiva presentada por representantes del TIM II cuestiona las actividades mineras aluviales y pide, entre otras medidas, suspender operaciones que funcionen fuera de las cuadrículas autorizadas por la AJAM, revisar las autorizaciones existentes y establecer mecanismos permanentes de fiscalización.

El Tribunal ya había realizado una inspección en febrero de 2026 para verificar las denuncias ambientales y las posibles actividades mineras irregulares en el río.

La pregunta que queda para las autoridades

El conflicto del Madre de Dios ya no puede ser explicado solamente como un enfrentamiento entre indígenas y mineros.

Hay una pregunta mucho más grande detrás:

¿Quién está controlando realmente el río Madre de Dios?

Si existen cientos de balsas en un territorio indígena, si existen denuncias de operaciones fuera de las áreas autorizadas, si hay estudios que advierten contaminación por mercurio, si el Tribunal Agroambiental ya ordenó acciones y si las propias comunidades aseguran que deben salir a retirar las balsas porque las instituciones no lo hacen, entonces el problema ya no es solamente ambiental.

Es también un problema de control territorial, cumplimiento de la ley y responsabilidad institucional.

La AJAM debe explicar cuántas operaciones cuentan con autorización y cuáles trabajan fuera de las áreas permitidas. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe informar qué medidas está ejecutando frente a la contaminación. La Policía y la Fiscalía deben aclarar cuál es su papel cuando existen denuncias de explotación ilegal. Las gobernaciones de Pando y Beni también tienen responsabilidades en la protección ambiental dentro de sus competencias.

Y el Gobierno debe responder una pregunta todavía más sencilla:

Si el Estado tiene instituciones, leyes, autoridades mineras, fiscales, policías y mecanismos judiciales, ¿por qué son las comunidades indígenas las que terminan tomando el control de sus propios ríos?

El caso del Madre de Dios merece seguimiento. No solamente para contar cuántas balsas salen del río, sino para determinar cuántas quedan, quiénes las operan, qué permisos tienen, cuánto oro se extrae, cuánto mercurio llega al ecosistema y qué instituciones permitieron que el problema llegara hasta este punto.

Porque detrás de cada draga hay oro. Pero detrás del río hay algo que no se puede medir solamente en dólares: agua, alimentos, territorio y la salud de las comunidades amazónicas.

Fuente principal: Agencia de Noticias Ambientales (ANA Bolivia), publicación de Vladimir Ledezma, 7 de octubre de 2026. La información fue contrastada con reportes de ERBOL, La Razón y documentación del Tribunal Agroambiental.