La decisión de Estados Unidos no solo alcanzó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Washington también revocó las visas de 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, entre ellos fiscales, jueces, magistrados, un exministro de Justicia, un expresidente de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía y un empresario.
El Departamento de Estado explicó que la nueva política restringe las visas de ciudadanos extranjeros que, según la información de Washington, atentan contra gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades de corrupción o narcotráfico.
Pero hay una diferencia que debe quedar clara.
Estados Unidos no publicó, en el comunicado conocido hasta ahora, una acusación individual de narcotráfico contra cada uno de los 12 bolivianos.
La acusación más concreta está dirigida contra Mariaca, a quien Washington señala de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Entonces, la pregunta que queda para Bolivia es otra:
¿Quiénes son los 12 y qué antecedentes tienen?
RC Noticias revisó sus cargos, actuaciones públicas y los procesos judiciales en los que aparecen mencionados.
1. Martín Daniel Irusta Flores: del entorno de Evo a fiscal superior de Mariaca
Martín Daniel Irusta Flores es actualmente fiscal superior y fue designado por Roger Mariaca.
Su nombre volvió a aparecer públicamente en 2024, cuando fue relacionado con una investigación por legitimación de ganancias ilícitas a raíz de una operación vinculada a un vehículo de alta gama valuado aproximadamente en 95.000 dólares.
Según los antecedentes difundidos entonces, Irusta habría intentado adquirir el vehículo de una conocida bailarina. El caso generó una investigación y puso bajo observación el origen de los recursos utilizados en la operación.
Irusta también aparece en documentación judicial reciente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Una sentencia de julio de 2026 registra una acción de libertad en la que intervino como representante de una de las partes.
Su trayectoria política y profesional también ha generado controversia. Antes de ocupar cargos dentro del Ministerio Público, fue conocido por su cercanía con sectores vinculados al Movimiento Al Socialismo y por su actividad como abogado.
En 2026, además, apareció como parte del equipo que acompañó al Gobierno en las negociaciones con la Central Obrera Boliviana durante la crisis social de los bloqueos.
Lo que debe investigarse: qué información específica llevó a Washington a incluirlo en la lista y si existe alguna conexión entre sus antecedentes patrimoniales y la decisión estadounidense.
2. Albania Chane Caballero Saavedra: la jueza que cambió la situación de Laura Rojas
Albania Chane Caballero Saavedra es jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en Santa Cruz.
Su nombre aparece en uno de los casos más llamativos de los últimos meses: el denominado caso Maletas.
La jueza dispuso que la exdiputada Laura Rojas dejara la cárcel y cumpliera detención domiciliaria, después de que concluyera el plazo de 60 días de detención preventiva. La decisión se produjo en una audiencia de revisión de medidas cautelares.
El proceso investiga a Rojas por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
La decisión judicial generó cuestionamientos públicos debido a que el caso todavía se encontraba en investigación.
Pero hay una precisión importante: la decisión de otorgar detención domiciliaria no constituye, por sí misma, prueba de corrupción o de un vínculo con el narcotráfico.
La pregunta periodística es otra:
¿Qué hecho concreto relacionado con Chane fue considerado por Estados Unidos para incluirla en la lista?
Washington todavía no lo ha explicado públicamente.
3. Alberto Zeballos Flores: de fiscal anticorrupción a fiscal departamental de Santa Cruz
Alberto Zeballos Flores fue designado fiscal departamental de Santa Cruz en octubre de 2024, en reemplazo de Roger Mariaca, luego de que Mariaca fuera elegido Fiscal General del Estado.
Antes de llegar a ese cargo, Zeballos trabajaba como fiscal de materia en la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción.
Su trayectoria incluye investigaciones de alto impacto, entre ellas el caso relacionado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el escándalo del Banco Fassil.
Pero Zeballos no aparece únicamente en antecedentes de años anteriores.
En marzo de 2026, ya como fiscal departamental, informó sobre una investigación vinculada al entorno de Marset que terminó con cuatro personas enviadas a detención preventiva por delitos relacionados con tráfico y tenencia ilícita de armas, organización criminal y asociación delictuosa.
La pregunta que queda abierta es:
¿Por qué Estados Unidos incluyó a un fiscal que públicamente aparece encabezando investigaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico?
La respuesta no está en el comunicado estadounidense.
4. Rosario Ximena Flores Paniagua: la jueza y la liberación de Hebert Zeballos
Rosario Ximena Flores Paniagua es jueza de Instrucción Penal de Santa Cruz.
Su nombre aparece directamente relacionado con el caso Maletas.
El 4 de agosto de 2026 emitió un mandamiento de libertad a favor del exjuez Hebert Zeballos Domínguez, quien era investigado por un caso ocurrido en el aeropuerto de Viru Viru.
El proceso continúa en etapa preparatoria y contempla, según los antecedentes publicados, delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, bajo la Ley 1008.
La resolución de libertad fue emitida en cumplimiento de un Auto de Vista del 24 de julio de 2026.
Es decir, nuevamente hay que hacer una precisión:
la jueza no fue condenada por liberar al investigado; actuó dentro de un proceso judicial y en cumplimiento de una resolución superior.
Pero el antecedente es relevante para entender por qué su nombre aparece ahora bajo la lupa pública.
Y nuevamente surge la pregunta:
¿Qué información adicional tiene Estados Unidos que no ha hecho pública?
5. Iván Manolo Lima Magne: del Ministerio de Justicia a la lista estadounidense
Iván Manolo Lima Magne fue ministro de Justicia y Transparencia Institucional durante el gobierno de Luis Arce.
Su presencia en la lista estadounidense introduce una dimensión política diferente, porque Lima fue una de las principales autoridades jurídicas del gobierno anterior.
Durante su gestión estuvo involucrado en decisiones y debates relacionados con la reforma judicial, procesos contra autoridades y la situación institucional del Órgano Judicial.
Su inclusión significa que la medida estadounidense no se limita a funcionarios actualmente en ejercicio.
También alcanza a exautoridades del gobierno de Luis Arce.
6. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco: fiscal departamental de Chuquisaca y hombre de confianza de Mariaca
Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco fue fiscal departamental de Chuquisaca y posteriormente pasó a desempeñar funciones como fiscal superior.
La Fiscalía General registra oficialmente su participación en representación de Roger Mariaca en actividades internacionales.
En abril de 2026, Nava representó al Fiscal General en la reunión especializada de Ministerios Públicos del Mercosur realizada en Paraguay, donde se abordaron mecanismos de cooperación internacional contra la criminalidad organizada transnacional.
Su inclusión resulta llamativa por una razón:
se trata de un funcionario que trabajaba directamente dentro de la estructura del Ministerio Público dirigida por Mariaca.
Pero nuevamente, no existe una explicación pública detallada de Washington sobre el hecho específico que habría motivado su inclusión.
7. Israel Ramiro Campero Méndez: un magistrado constitucional bajo cuestionamientos
Israel Ramiro Campero Méndez es magistrado constitucional y anteriormente fue vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Su trayectoria judicial ha estado acompañada de cuestionamientos.
Un documento de la Cámara de Diputados de 2024 recopiló numerosas sentencias constitucionales en las que se solicitaba información sobre llamadas de atención a Campero y otros vocales por presuntas demoras, incumplimiento de plazos y otras actuaciones procesales.
Pero existe un antecedente todavía más reciente.
En marzo de 2026, el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó una resolución y llamó la atención a Israel Campero y Alfredo Jaimes Terrazas, disponiendo que la copia del fallo fuera remitida al Consejo de la Magistratura para su registro como demérito.
El TCP observó que los vocales habían dispuesto una medida cautelar sin establecer la irreparabilidad correspondiente.
Este es un antecedente judicial documentado.
Pero tampoco permite afirmar que esa haya sido la razón por la que Estados Unidos le revocó la visa.
8. Alberto Samuel Soto de la Vía: de presidente de la Aduana a investigado
Alberto Samuel Soto de la Vía fue presidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
Su gestión estuvo marcada públicamente por el discurso de transformación institucional y lucha contra la corrupción.
La propia Aduana informó en junio de 2026 que Soto impulsaba una reestructuración de la institución y la revisión de funcionarios vinculados a denuncias de corrupción.
Pero pocos días después apareció un elemento mucho más delicado.
La Fiscalía de La Paz lo citó a declarar en calidad de sindicado dentro de una investigación por presunto incumplimiento de deberes y otros delitos vinculados a una denuncia de corrupción en la Aduana.
La denuncia fue presentada por el diputado Rolando Pacheco y se produjo en medio de denuncias sobre presuntos cobros irregulares, coimas y venta de cargos dentro de la institución.
Soto rechazó las acusaciones y sostuvo que las denuncias estaban relacionadas con solicitudes de cargos y recursos económicos que, según su versión, el diputado habría realizado.
Por tanto:
hay una investigación, pero no una condena.
Su inclusión en la lista estadounidense adquiere relevancia precisamente porque coincide con un momento en el que su gestión ya estaba bajo cuestionamiento e investigación en Bolivia.
9. Iván Ramiro Campero Villalba: el caso que sacudió al Órgano Judicial
Iván Ramiro Campero Villalba fue magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
Su nombre quedó vinculado al denominado caso Consorcio, una investigación por presunta manipulación de la justicia que involucró al exministro de Justicia César Siles y otros operadores judiciales.
En junio de 2025, Campero fue aprehendido dentro de ese proceso junto con otras personas.
La investigación surgió después de una acción constitucional que buscaba desplazar a la magistrada del TSJ Fanny Coaquira y habilitar a Campero como magistrado, pese a que no había obtenido los votos suficientes en las elecciones judiciales para convertirse en titular.
El proceso avanzó.
En abril de 2026, la Fiscalía presentó acusación contra César Siles y otros seis implicados dentro del caso por consorcio de servidores públicos.
Es uno de los antecedentes más relevantes de la lista porque existe un proceso penal formalmente avanzado.
10. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza: el juez que intervino en el caso Nallar
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza es juez público mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de La Guardia.
Su nombre quedó relacionado con el caso Misael Nallar, procesado por el asesinato de tres efectivos —dos policías y un voluntario del Gacip— ocurrido en Porongo, Santa Cruz.
Una sentencia constitucional registra que Vedia, mediante el Auto Interlocutorio 391/22, dispuso el traslado de Nallar desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, hacia Palmasola, en Santa Cruz.
La decisión generó fuertes cuestionamientos públicos y políticos en 2022.
Sin embargo, nuevamente corresponde separar los hechos:
una resolución judicial cuestionada no significa automáticamente que el juez haya cometido un delito.
La pregunta que sigue sin respuesta es por qué Washington decidió incluirlo en su lista.
11. Frans William Cabrera Quispe: el jefe antidroga que declaró por el caso Maletas
Frans William Cabrera Quispe es coronel de la Policía Boliviana y ocupó la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Durante 2026 apareció públicamente al frente de diferentes operativos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La propia FELCN difundió actividades bajo su dirección en operativos contra sustancias controladas, laboratorios clandestinos y pistas utilizadas por organizaciones criminales.
Pero su nombre también apareció en dos investigaciones delicadas en Santa Cruz: el caso Maletas y el denominado caso Cambiazo de droga.
El 24 de abril de 2026 Cabrera se presentó ante la Fiscalía para declarar dentro de esos procesos. Posteriormente circularon versiones sobre una posible salida de su cargo, pero la propia FELCN desmintió entonces su destitución y afirmó que continuaba al frente de la institución.
Su inclusión resulta especialmente llamativa:
Estados Unidos restringe la entrada de un funcionario que precisamente estaba al frente de la principal fuerza antidroga de Bolivia.
La razón concreta tampoco ha sido explicada públicamente por Washington.
12. José Luis Iriarte Cussi: el empresario de los “barones del diésel”
José Luis Iriarte Cussi es el único empresario privado de esta lista.
Su nombre aparece en una investigación periodística sobre el desvío de combustible subvencionado hacia actividades mineras en la Amazonía boliviana.
Una investigación de ANF y Mongabay identificó a Iriarte como parte de una familia con una importante presencia en el negocio de estaciones de servicio. Según la investigación, él y su esposa eran propietarios de cuatro estaciones en La Paz, mientras otros integrantes de la familia tenían otros surtidores, llegando el grupo familiar a controlar al menos 13 estaciones entre La Paz y Beni.
La investigación periodística examinó cómo el diésel subvencionado podía terminar en actividades mineras de la Amazonía.
Pero nuevamente debemos diferenciar:
una investigación periodística o una denuncia no equivale a una condena penal.
Lo que sí resulta relevante para esta lista es que Iriarte es el único de los 12 que no pertenece directamente al aparato judicial, fiscal, policial o político.
Y entonces aparece Roger Mariaca
Los 12 nombres anteriores forman parte de la lista de personas cuyas visas fueron revocadas por Estados Unidos.
Pero Roger Mariaca es un caso distinto.
Washington emitió una designación pública específica contra el Fiscal General y sostuvo que abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
La acusación es grave.
Y precisamente por eso la respuesta de Mariaca también fue contundente.
“Cooperación sí, injerencia no”
Mariaca rechazó las acusaciones estadounidenses y pidió respeto a la soberanía de Bolivia y a la independencia del Ministerio Público.
“Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no. Respeto entre estados sí, interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó.
El Fiscal General aseguró además que las restricciones estadounidenses no modificarán las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
Entre ellas mencionó el caso relacionado con Fernando Cerimedo, investigaciones sobre combustible y otros procesos vinculados con legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico.
Bolivia pide las pruebas
Aquí aparece una de las claves de esta historia.
El Gobierno boliviano anunció que solicitará a Estados Unidos información complementaria y elementos que sustenten las acusaciones.
Es decir, Washington dice tener información. Bolivia quiere conocerla. Mariaca niega las acusaciones.
Y el sistema judicial deberá determinar si corresponde abrir nuevas investigaciones sobre los funcionarios incluidos en la lista.
La pregunta que queda abierta
Los 12 nombres no son desconocidos para la justicia boliviana.
En sus antecedentes aparecen procesos por legitimación de ganancias, investigaciones de narcotráfico, casos relacionados con Marset, Banco Fassil, Maletas, Cambiazo, manipulación judicial, denuncias de corrupción en la Aduana y actuaciones judiciales cuestionadas.
Pero hay una pregunta que todavía no tiene respuesta:
¿Esos antecedentes son los que llevaron a Washington a incluirlos en la lista o Estados Unidos tiene información adicional que Bolivia todavía no conoce?
Esa diferencia es fundamental.
Porque si Washington posee información adicional sobre sobornos, protección al narcotráfico o corrupción dentro de la justicia boliviana, esa información podría cambiar completamente la dimensión del caso.
Y si no existe evidencia adicional, también será importante conocer cómo y bajo qué criterios fueron seleccionados los 12 funcionarios y exfuncionarios.
Por ahora, hay una certeza:
Estados Unidos abrió una puerta.
Mariaca la rechaza y habla de injerencia.
El Gobierno boliviano pide las pruebas.
Y detrás de los nombres existe una pregunta que recién comienza a investigarse:
