La decisión de Estados Unidos abrió una nueva y delicada disputa entre Washington y las instituciones bolivianas. El Departamento de Estado anunció el 28 de septiembre restricciones migratorias contra funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una política que Washington presenta como parte de sus esfuerzos contra la corrupción, el narcotráfico y acciones que, según su interpretación, debilitan gobiernos democráticamente elegidos.
Bolivia aparece como el país con mayor número de afectados dentro de esta nueva medida. Estados Unidos identificó a 12 ciudadanos bolivianos que tenían visas vigentes y dispuso su revocación, mientras otros nueve ciudadanos que no tenían visa fueron declarados, en general, inelegibles para obtenerla. La medida también alcanza a familiares directos.
Pero existe un elemento que cambia la dimensión del caso.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, fue objeto de una designación separada. Washington sostiene que Mariaca abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. El Departamento de Estado también afirma que sus acciones ponen en riesgo los esfuerzos de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico y debilitan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante de la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”.
Una acusación grave, pero no una sentencia
La primera precisión que debe hacer el periodismo es fundamental: una designación del Gobierno de Estados Unidos no equivale a una sentencia judicial.
Washington ha hecho una acusación y ha adoptado una medida migratoria. En la información pública difundida hasta ahora no aparecen todos los elementos probatorios que permitirían conocer cómo llegó Estados Unidos a esa conclusión.
Por eso, una de las preguntas centrales del caso es:
¿Qué pruebas tiene Estados Unidos contra el Fiscal General de Bolivia?
La respuesta todavía no está públicamente desarrollada en detalle.
Estados Unidos afirma tener información que sustenta su decisión, pero el contenido completo de esa información no ha sido difundido públicamente.
Y ahí comienza el verdadero desafío para Bolivia.
¿Quiénes son los jueces incluidos en la medida?
Dentro de los ciudadanos bolivianos alcanzados por las restricciones aparecen tres jueces:
Albania Chané Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz.
Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal de Santa Cruz.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.
También aparece Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de fiscales, exautoridades, un coronel de la Policía y un empresario.
Aquí hay que evitar una confusión.
Estados Unidos no ha explicado públicamente, en el comunicado conocido hasta ahora, qué hecho concreto atribuye individualmente a cada uno de esos jueces.
Por tanto, no corresponde presentar periodísticamente a todos ellos como “jueces sancionados por narcotráfico”.
Lo que sí puede afirmarse es que fueron incluidos dentro de una política estadounidense que restringe visas a personas a las que Washington considera vinculadas con actos de corrupción o narcotráfico que pueden afectar a gobiernos democráticamente elegidos.
Los antecedentes judiciales abren otra pregunta
La presencia de jueces y magistrados en la lista obliga a revisar sus actuaciones públicas y judiciales.
Existen antecedentes en Bolivia de decisiones adoptadas por algunos de los funcionarios incluidos en la medida estadounidense. Sin embargo, esos antecedentes no permiten afirmar por sí mismos que hayan sido la causa de las restricciones impuestas por Washington.
Para establecer esa conexión sería necesario conocer la información utilizada por Estados Unidos.
Ese es precisamente uno de los puntos que debería investigar Bolivia.
Mariaca responde: “Cooperación sí, injerencia no”
Tras conocer la medida, Roger Mariaca respondió desde Sucre.
El Fiscal General rechazó las acusaciones y reclamó respeto a la soberanía boliviana y a la independencia de las instituciones.
“Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no. Respeto entre estados sí, interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó.
Mariaca sostuvo que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros Estados y que espera el mismo respeto hacia las instituciones bolivianas.
También aseguró que ninguna presión política, nacional o internacional impedirá las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
Cerimedo, “Gasolina basura” y la explicación de Mariaca
La respuesta del Fiscal General fue más allá de rechazar las acusaciones.
Mariaca relacionó el momento de la sanción con investigaciones sensibles que desarrolla actualmente el Ministerio Público, entre ellas el caso relacionado con Fernando Cerimedo, el proceso denominado “Gasolina basura”, investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas y otros casos vinculados al narcotráfico.
El Fiscal General sostuvo que determinadas investigaciones no han sido del agrado de sectores políticos dentro y fuera del país.
Pero esa es una interpretación de Mariaca sobre las posibles razones de la presión, no una explicación confirmada por Washington.
Ese punto también debe quedar claramente separado.
El Gobierno boliviano anuncia que pedirá las pruebas
La reacción del Gobierno de Rodrigo Paz introduce un elemento importante.
Frente a las acusaciones estadounidenses, la administración boliviana anunció que solicitará información y elementos probatorios a Washington.
Es decir, el Gobierno no se limita a rechazar la decisión estadounidense ni la da por probada: plantea conocer la información que sustenta las acusaciones y, a partir de ella, evaluar las acciones que correspondan.
Esto deja planteado un escenario institucional:
Estados Unidos dice tener información.
Bolivia dice que quiere conocerla.
Mariaca niega las acusaciones y denuncia injerencia.
Y el sistema judicial deberá determinar, si corresponde, si existen hechos que ameriten investigaciones internas.
El TSJ: cada juez responde por sus resoluciones
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, evitó entrar en una disputa con Washington.
Sostuvo que cada Estado tiene sus propias políticas migratorias y que Bolivia no puede cuestionar las decisiones soberanas de otro país.
Pero también hizo una precisión sobre los jueces bolivianos incluidos en la lista: cada juez es responsable por las resoluciones que emite y deberá responder si alguna de sus actuaciones es objeto de investigación.
Saucedo recordó además que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene atribuciones para designar, sancionar o suspender jueces. Esas competencias corresponden al Consejo de la Magistratura.
La pregunta, entonces, pasa a otra institución:
¿El Consejo de la Magistratura investigará a los jueces mencionados por Estados Unidos?
Por ahora, esa respuesta queda pendiente.
El punto que Bolivia todavía debe aclarar
La controversia puede quedarse en un enfrentamiento diplomático entre “injerencia” y “soberanía”.
Pero existe una cuestión mucho más importante.
Si Estados Unidos tiene información sobre presuntos sobornos, protección al narcotráfico o actuaciones de funcionarios judiciales, ¿esa información será entregada a Bolivia?
Y si llega:
- ¿Qué institución la investigará?
- ¿La Fiscalía investigará al Fiscal General?
- ¿El Consejo de la Magistratura revisará las actuaciones de los jueces?
- ¿El Tribunal Constitucional analizará los antecedentes relacionados con su magistrado?
- ¿Habrá cooperación judicial entre Bolivia y Estados Unidos o el caso quedará reducido a una disputa política?
Una sanción migratoria que se convirtió en un problema institucional
La revocación de visas podría parecer, a primera vista, una medida exclusivamente migratoria.
Pero en Bolivia adquirió otra dimensión porque entre los afectados están integrantes de instituciones centrales del sistema de justicia y porque el propio Fiscal General fue acusado públicamente por Washington de hechos relacionados con narcotráfico y corrupción.
La medida, además, ocurre en un momento en que el Gobierno de Rodrigo Paz busca profundizar su acercamiento con Estados Unidos y fortalecer la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Por eso, el caso plantea una contradicción que deberá ser explicada en los próximos días:
Bolivia y Estados Unidos buscan cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, pero Washington acaba de acusar públicamente a la máxima autoridad del Ministerio Público boliviano de facilitar precisamente ese delito.
La pregunta que queda abierta
La investigación recién comienza.
Porque existen dos posiciones claramente enfrentadas.
Washington dice: tiene información suficiente para tomar medidas contra funcionarios bolivianos y acusa directamente a Mariaca de recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Mariaca responde: rechaza las acusaciones, defiende la independencia de la Fiscalía y exige a Estados Unidos respetar la soberanía boliviana.
El Gobierno de Bolivia anuncia: pedirá las pruebas.
Y mientras esas pruebas no sean conocidas, existe una pregunta que queda suspendida:
¿Qué sabe Washington sobre funcionarios de la justicia boliviana que Bolivia todavía no conoce?
La respuesta a esa pregunta puede determinar si este episodio termina siendo solamente una disputa diplomática por una visa o si se convierte en una investigación que alcance a las instituciones judiciales y fiscales de Bolivia.
