En cumplimiento de las disposiciones normativas y luego de la notificación formal efectuada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5678, mediante el cual se revocó la designación de José Gabriel Espinoza como ministro de Economía y Finanzas Públicas. En su lugar, el mandatario nombró de forma interina a Oscar Mario Justiniano Pinto, quien actualmente ejerce como ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
La medida adoptada por el Órgano Ejecutivo responde a la censura aprobada en el pleno legislativo contra Espinoza, la cual fue notificada formalmente al Gobierno. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1350, el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de 24 horas para hacer efectiva la destitución de cualquier autoridad censurada por el primer órgano del Estado. En ese marco, el decreto emitido determina la asignación provisional del despacho económico a Justiniano hasta que se proceda con la posesión de un titular definitivo, garantizando así la continuidad en la gestión del servicio público.
Pugna legal y expectativa por la audiencia de Amparo
La destitución del titular de Economía se da en medio de una controversia jurídica referida al procedimiento de votación aplicado en la Asamblea Legislativa. Mientras el ente legislativo computó el voto de dos tercios basándose en los parlamentarios presentes durante la sesión, existieron observaciones que señalan que la Constitución Política del Estado requiere la aprobación de dos tercios sobre el total de los miembros que integran la Asamblea.
Para resolver dicha discrepancia, se presentó un recurso constitucional que se encuentra pendiente de resolución. La audiencia de Acción de Amparo fue programada para el próximo 24 de agosto en una Sala Constitucional de la ciudad de El Alto.
Pese a este trámite judicial en curso y a la espera de un eventual pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ejecutivo procedió al cese formal de la autoridad para cumplir con los términos legales vigentes. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre si mantendrá la decisión de convocar a un nuevo titular o si evaluará una eventual restitución de Espinoza según el resultado que emita la justicia constitucional.
