El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó que se identificó una red que operaba en territorio chileno, específicamente en Arica, Iquique y Mejillones, donde las cisternas hacían paradas en garajes clandestinos. Allí descargaban entre 700 y 1.000 litros de combustible y luego rellenaban el volumen con una mezcla de agua sucia y aceite para evitar levantar sospechas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó incluso un video de un infiltrado que muestra cómo se realizaba esta operación sin romper los precintos de seguridad. Según explicó, las cisternas partían desde la planta de Sica Sica y, en el trayecto, ejecutaban este mecanismo fraudulento.
El impacto económico es considerable: se estima que esta red ilegal habría generado al menos 150 millones de dólares tras el ingreso de unas 5.000 cisternas adulteradas al país. Además, el mismo modus operandi estaría replicándose en Argentina y Paraguay.
Aunque hasta el momento no hay aprehendidos, las autoridades aseguran que ya se tienen identificadas las placas de los vehículos involucrados, así como a las empresas presuntamente implicadas. La Policía y la Fiscalía de ambos países ya iniciaron las investigaciones correspondientes.
La adulteración de combustible no solo representa pérdidas económicas, sino que también puede generar daños graves en motores, afectando a miles de conductores en Bolivia. Este caso abre un nuevo frente en la lucha contra el contrabando y el crimen organizado en la región.
El Gobierno anticipó que se iniciarán procesos judiciales en Bolivia y Chile, con el objetivo de sancionar a todos los responsables y recuperar los daños ocasionados. Se espera que en los próximos días se confirmen las primeras aprehensiones.
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