La Paz, febrero de 2026. Camín Cargo Control Argentina S.A. – Sucursal Bolivia rechaza de manera categórica las versiones que la presentan como beneficiaria de contratos irregulares o responsable de la mala calidad de combustibles. “Nuestra relación contractual con YPFB no fue producto de un acto fortuito ni de una invitación directa, sino el resultado de una rigurosa licitación pública en la que Camín Cargo resultó adjudicataria por mérito técnico y económico”, señala la empresa en la carta remitida a la estatal el 10 de febrero de 2026.
La compañía enfatiza que los procesos para el “Servicio de Inspección de Calidad y Cantidad” —tanto el contrato 2025 como la selección 2026 (PAC‑5089)— se realizaron con pliego publicado, invitación a varios proponentes y evaluación por un Comité de Selección bajo el método de menor precio.
El Informe de Selección YPFB‑GCC‑DRCO‑INF‑752/2025 establece que Camín Cargo “cumple” todos los requisitos técnicos y documentales y ocupa el primer lugar de prelación, mientras que la otra oferta fue descalificada por no cumplir con la experiencia exigida.
En cuanto al alcance del servicio, la empresa recuerda que su obligación es inspeccionar cantidad y efectuar análisis de calidad únicamente cuando YPFB lo requiere, conforme a las cláusulas operativas del “Contrato de Servicio de Inspección de Calidad y Cantidad – 2025” (GLC/ULGD N° 459/2024).
“El alcance de nuestro servicio se limita exclusivamente a lo establecido en el contrato vigente, incluyendo la toma de muestras y análisis de calidad únicamente cuando son requeridos por YPFB”, precisa Camín Cargo.
“CAMÍN CARGO ha obtenido de parte de YPFB todas las actas de conformidad y recepción de sus servicios, un total de 24 muestras de gasolina tomadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, bajo estándares internacionales de verificación, resultaron negativas a la existencia de residuos contaminantes, sin que a la fecha exista un solo reclamo técnico, legal o de cualquier otra índole”, añade la empresa.
En ese marco, la empresa considera que las acusaciones que la vinculan a prácticas irregulares “carecen de sustento técnico” y ha requerido a YPFB “una inmediata revisión técnica conjunta del alcance de los servicios ejecutados y de la documentación generada en cumplimiento del Contrato”, a fin de que la propia estatal certifique públicamente la corrección y transparencia de su actuación.
