Ávila fue posesionado por el vicepresidente David Choquehuanca y, durante el acto, aseguró que fue “injustamente procesado” y que su retorno al órgano electoral representa una reivindicación personal.
“Hemos sido injustamente procesados y hemos demostrado nuestra inocencia; por eso nos sentimos hidalgos en asumir nuevamente la función electoral”, afirmó.
En 2019, Ávila se desempeñaba como presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija cuando se realizaron las elecciones generales que posteriormente fueron anuladas. Tras la crisis política que derivó en la renuncia de Evo Morales, fue detenido y procesado por el presunto fraude electoral, aunque posteriormente obtuvo una resolución de sobreseimiento.
Las investigaciones
Ávila formó parte del grupo de 55 exvocales electorales investigados por el caso de 2019. En su contra se abrieron procesos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, delitos electorales, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática y alteración u ocultación de resultados.
El proceso fue cerrado oficialmente en enero de 2021, luego de que la Fiscalía emitiera resoluciones de sobreseimiento al no encontrar indicios suficientes de los delitos imputados.
El contexto internacional y el cierre del caso
En diciembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en las elecciones presidenciales de ese año hubo “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral”, señalando que estas acciones favorecieron a Evo Morales al evitar una segunda vuelta frente a Carlos Mesa, escenario que se perfilaba antes de la interrupción del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Sin embargo, tras el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al Gobierno en noviembre de 2020, el caso de fraude electoral fue cerrado luego de una pericia encargada por el Ministerio Público a la Universidad de Salamanca, en España.
Pedido de enjuiciamiento
En febrero de 2021, Ávila y el resto de los exvocales fueron liberados de toda responsabilidad penal. Seis meses después, Ávila pidió públicamente que se inicien procesos judiciales contra quienes denunciaron el presunto fraude.
“Esas actuaciones tienen que ser procesadas y juzgadas; a los responsables de cometer estos hechos se los tiene que sancionar”, declaró en una entrevista con Bolivia TV.
En otra intervención pública, afirmó que las denuncias vulneraron los derechos de las autoridades electorales procesadas. “Sin una sola prueba, durante ocho o diez meses, diferentes vocales de toda Bolivia estuvieron en las cárceles del país. Se nos privó del trabajo y de la familia; se nos mostró como delincuentes ante la prensa”, sostuvo.
Vínculos con el Gobierno
En marzo de 2021, el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, designó a Ávila como su representante en Tarija, donde se hizo cargo de procesos vinculados a denuncias de corrupción desde el Viceministerio de Transparencia.
En julio de ese mismo año, el presidente Luis Arce lo nombró delegado presidencial ante el TED Tarija. Su retorno se produjo mediante un decreto que destituyó a la vocal en funciones, Nataly Vargas, quien había sido designada en 2019 por la entonces presidenta Jeanine Áñez.
Un procedimiento similar se repitió este miércoles con su designación como vocal del TSE.
Mensaje en la posesión
Durante el acto de posesión, el vicepresidente Choquehuanca exhortó a Ávila a actuar con equilibrio y responsabilidad.
“En manos de los vocales del Tribunal Supremo Electoral está el futuro de nuestra democracia, el derecho de elegir y ser elegidos”, señaló.
La designación de Ávila al TSE vuelve a poner en debate el caso electoral de 2019 y abre un nuevo escenario en la conducción del órgano electoral, en un contexto marcado por cuestionamientos políticos y desconfianza ciudadana.
