La imputación incluye a los exfuncionarios Gabriela D.S., Julio C.C.P., Luis R.A.S., Miguel A.C. y Omar A.S., quienes están siendo investigados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades ficticias y obstrucción a la justicia.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, explicó que la investigación se sustenta en 43 elementos de convicción, incluyendo documentos enviados a la Cámara de Diputados, notas e informes obtenidos durante registros en oficinas, declaraciones de testigos, reglamentos de contratación y el informe de la Comisión Especial de Investigación de YPFB con Botrading de la Asamblea Legislativa.
“Todos estos elementos nos permiten presumir la participación de los investigados, por lo que solicitaremos la detención preventiva de todos: cuatro meses para los varones en el penal de San Pedro y para las mujeres en el penal de Obrajes”, aseguró Torrez.
El caso se complica con la situación del exgerente Armin Dorgathen, quien según confirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, habría salido del país hacia Brasil de manera ilegal, luego de que el juez levantara medidas en su contra. Oviedo lamentó la situación y aseguró que se mantiene la búsqueda del extitular de YPFB.
El caso Botrading ha estado bajo investigación debido a presuntos sobreprecios en la importación de combustibles, generando un impacto económico al Estado y cuestionamientos sobre la transparencia de los contratos estatales en el sector energético.
Con la imputación y la solicitud de detención preventiva, la Fiscalía busca garantizar que los investigados respondan ante la justicia mientras se esclarece el presunto sobreprecio en la importación de combustible. La situación de Dorgathen agrega un componente internacional a la investigación, que seguirá bajo seguimiento judicial y policial.
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