La polémica comenzó apenas iniciado el Gobierno, cuando el primer ministro de Justicia, Freddy Vidovic —hombre de confianza del vicepresidente Lara— fue destituido tras confirmarse que tenía una sentencia ejecutoriada de tres años por el caso Belaunde. Paz explicó que la situación jurídica de Vidovic ponía en riesgo la estabilidad del Ejecutivo y la fe del Estado.
El miércoles, el presidente designó a Jorge García como nuevo ministro. Sin embargo, Lara denunció públicamente que García tenía un “rosario de procesos”, incluyendo delitos graves. García respondió que había sido difamado y anunció acciones legales contra el vicepresidente.
En este escenario, el presidente Paz recordó que durante su campaña ya había planteado la eliminación del Ministerio de Justicia, decisión que finalmente tomó después de una conversación con García. Según Paz, el nuevo ministro aceptó asumir el cargo solo bajo la condición de que dicha cartera fuera cerrada.
El mandatario destacó que García forma parte de los ciudadanos “valientes contra la injuria y los ataques”, y lo calificó como un hombre fiel a la palabra.
Durante una conferencia de prensa, Paz calificó al Ministerio de Justicia como “un ministerio del abuso del poder político ante la sociedad”. Aseguró que había accedido a mantenerlo por la propuesta del vicepresidente Lara, pero que los hechos recientes lo llevaron a revertir esa decisión.
“El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado, para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas”, afirmó.
Más tarde añadió:
“Se acabó el ministerio de la persecución e injusticia. Hoy estoy cumpliendo con cerrar ese Ministerio de Justicia… para que no haya más debate sobre un ministro con injerencia política”.
La cartera de Justicia se convirtió en uno de los puntos más conflictivos del inicio del nuevo Gobierno. Las acusaciones cruzadas entre Lara, Vidovic y García generaron un clima político tenso, mientras se discutía el futuro de una institución que, según varios analistas, arrastraba problemas estructurales durante más de una década.
El cierre de un ministerio es un hecho excepcional en la historia reciente del país, y podría marcar un reordenamiento mayor del aparato estatal.
Paz no detalló qué entidad asumirá las funciones que antes dependían del Ministerio de Justicia, ni el procedimiento normativo para concretar la supresión. El Gobierno adelantó que estos aspectos serán definidos en los próximos días.
El Ejecutivo deberá emitir la normativa correspondiente para formalizar la eliminación de la cartera y redistribuir sus competencias. Paralelamente, se esperan respuestas políticas desde el Legislativo y del entorno del vicepresidente Lara.
