viernes, septiembre 5

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que la disposición busca verificar el cumplimiento de los plazos legales establecidos para la detención preventiva, a fin de evitar vulneraciones a los derechos fundamentales de los procesados.

El instructivo establece que los jueces deben actuar incluso de oficio para atender estos casos y emitir las resoluciones que correspondan conforme a la normativa vigente. Saucedo subrayó que la medida no constituye una presión ni una injerencia en la labor judicial, sino un compromiso institucional para garantizar procesos ágiles, transparentes y ajustados a derecho.

La resolución del TSJ se fundamenta en la legislación nacional y en tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho de toda persona a un proceso justo y a no permanecer en prisión preventiva más allá de los plazos razonables.

Con esta decisión, el máximo tribunal del país busca reforzar la obligación de que la justicia boliviana actúe con celeridad, independencia y respeto a los derechos humanos en los casos que involucran a las exautoridades opositoras.

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