Entre las determinaciones dispuestas por la autoridad jurisdiccional se encuentran que no deben apersonarse al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, tampoco tener contacto con las personas implicadas o testigos en el caso y acreditar sus domicilios.
Los profesores son sindicados por destrozos a los bienes públicos del Estado, presuntamente, luego de haber ingresado a las instalaciones del Ministerio de Trabajo de la ciudad de La Paz el pasado 21 de octubre.
Ese día en medio de una protesta intentaron instalar una huelga de hambre con la que exigen el reconocimiento a los nuevos dirigentes de su Federación.
Tras abandonar el juzgado, el dirigente del magisterio José Luis Álvarez calificó como “arbitraria” la determinación judicial por las medidas cautelares que deberá asumir.
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