El caso se tensó este viernes, cuando el abogado de la parte denunciante, Eduardo León, afirmó que existen elementos claros que indican que Flores evadió su arresto domiciliario. Según el jurista, el exfuncionario “habría procedido a la evasión” pese a contar con restricciones judiciales vigentes.
León recordó que el juez 11º de Instrucción Cautelar de La Paz le otorgó detención domiciliaria a pesar de que —según afirma— ya existían indicios de que podía fugar. Para el acusador, la confirmación de su ausencia del domicilio refuerza la hipótesis de que el exgerente abandonó el país.
La preocupación creció tras lo ocurrido el miércoles 26 de noviembre. La Policía acudió al domicilio de Flores para notificarle con una citación, pero no lo encontró. Su esposa aseguró que él estaba en una supuesta “diligencia judicial”. Horas después, a las 21:10, agentes del Departamento de Lucha contra la Corrupción volvieron al inmueble, sin resultados. El director nacional de la Felcc, general Walter Sosa, informó que desde entonces se ha activado un operativo de búsqueda en coordinación con Inteligencia.
Flores enfrenta un proceso por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, relacionado con la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa, adjudicada en 2022.
El caso involucra un supuesto desfalco de más de un millón de dólares. Para el abogado León, la Fiscalía habría mostrado irregularidades y permisividad, como reprogramaciones de audiencias por “carga procesal”, lo que —según sostiene— facilitó que los investigados ganen tiempo e incluso puedan abandonar Bolivia. También denunció encubrimiento y falta de voluntad institucional para llegar a los responsables de mayor jerarquía.
La situación de Flores se suma a otros episodios recientes que han reavivado el debate sobre la fragilidad del sistema judicial, el uso de medidas sustitutivas y la falta de control sobre imputados por corrupción.
Al cierre de esta nota, la Policía confirmó que la alerta migratoria está activa, pero aún no existe confirmación oficial de una salida registrada por pasos formales. Las autoridades continúan la verificación en frontera y el seguimiento operativo.
La Felcc y el Ministerio Público deberán informar en las próximas horas sobre avances en la búsqueda. Si se confirma la fuga, el proceso podría escalar a órdenes de aprehensión internacional y responsabilidades penales para quienes hayan facilitado su salida. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reformas profundas en la administración de justicia y los controles sobre investigados por corrupción.
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