El caso del combustible de mala calidad que afectó a cientos de motorizados en el país dio un giro clave: 12 funcionarios de YPFB están bajo investigación, diez por la vía administrativa y dos ya ante el Ministerio Público, mientras el Estado reconoció fallas técnicas y activó un plan de compensación económica.
Tras más de dos semanas de reuniones entre autoridades nacionales, sectores sociales y representantes cívicos, se lograron avances en la investigación, informó el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, en entrevista con el programa A Primera Hora de EL DEBER.
Uno de los puntos centrales fue el reconocimiento oficial de YPFB de que se distribuyó combustible en mal estado.
Según el informe técnico presentado por YPFB, el problema se originó en combustible almacenado desde el año pasado en tanques que no estaban completamente llenos ni recibieron mantenimiento adecuado, lo que generó corrosión y acumulación de residuos. Posteriormente, al ingresar nuevo combustible y completar el volumen, se habría producido una reacción química que contaminó el producto.
Investigación y “mano negra”
Zambrana explicó que el proceso de distribución del combustible tiene cinco etapas, y que en cuatro de ellas participa YPFB, lo que coloca a la estatal en el centro de la investigación.
Reveló que 12 funcionarios fueron identificados como presuntamente involucrados en lo que el propio Gobierno calificó como una “mano negra”:
- 10 enfrentan procesos administrativos internos
- 2 ya fueron judicializados ante el Ministerio Público
Además, se exigió profundizar las investigaciones para determinar si existen más responsables dentro de la cadena estatal de control.
Resarcimiento a los afectados
Otro avance clave fue el acuerdo para el resarcimiento económico a los afectados.
Según Zambrana, la aseguradora ya validó técnicamente el daño y estableció tres categorías de compensación: leve, media y grave, cada una con montos diferenciados.
El procedimiento contempla la presentación de carpetas para evaluación, trámite que demorará aproximadamente 30 días. En una primera fase, será manual para el transporte gremial y asociativo; desde este viernes se habilitará un sistema digital para particulares.
“Se ha creado el cimiento para que todo el pueblo boliviano pueda ser resarcido. Es un hecho histórico que el Estado reconozca un error y asuma el pago”, afirmó Zambrana.
También se anunció la creación de una comisión de denuncias para reportar presunto combustible adulterado. Las denuncias obligarán a una inspección expedita de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en un plazo máximo de 48 horas, buscando evitar burocracia y nuevas irregularidades.
Críticas al ministro de Hidrocarburos
El dirigente cívico cuestionó la inasistencia del ministro de Hidrocarburos a las reuniones realizadas en Santa Cruz, región donde se concentra gran parte de los vehículos afectados.
Calificó su ausencia como “un acto de cobardía” y sostuvo que la autoridad debe dar la cara ante el país.
No obstante, destacó la presencia de ejecutivos de YPFB, de la ANH y de la aseguradora, quienes según dijo asumieron responsabilidades y ofrecieron explicaciones técnicas.
Aunque el Gobierno reconoció la falla y activó mecanismos de compensación, persisten dudas sobre el origen real del problema. Zambrana planteó la necesidad de una auditoría internacional con apoyo de expertos extranjeros para esclarecer responsabilidades y garantizar que un hecho similar no vuelva a repetirse.
El caso no solo expone debilidades en la cadena de control estatal, sino que abre un debate sobre la transparencia, la seguridad energética y la responsabilidad institucional en Bolivia.
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