Este martes, Lara formalizó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 5552, promulgado el fin de semana por el presidente Rodrigo Paz. Según el entorno del Vicepresidente, la norma vulneraría la institucionalidad y reduciría competencias de la Vicepresidencia.
“Estamos defendiendo nuestra Constitución Política del Estado (CPE), nuestra institucionalidad y a la Vicepresidencia, que constitucionalmente fue elegida por el pueblo”, afirmó el diputado Juan Pablo Quispe, aliado político de Lara.
Sin embargo, el constitucionalista Ruiz rechazó esa interpretación y aseguró que el decreto no transgrede el artículo 175 de la CPE, que define las atribuciones del Vicepresidente. Según explicó, dichas funciones son claras y específicas: representar al Ejecutivo, coordinar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Yo no he encontrado en ninguna parte del 175 de la Constitución que diga que es atribución del vicepresidente tener una Dirección Administrativa Financiera (DAF), manejar 20 o 50 millones de bolivianos o contar con un secretario general. Las atribuciones son específicas”, señaló.
Para el jurista, el DS 5552 constituye una reorganización administrativa del Órgano Ejecutivo, una facultad que corresponde al Presidente y que puede ejecutarse mediante decreto. “No podríamos hablar de una violentación a la Constitución. Lo que ha ocurrido es una reorganización del Ejecutivo”, remarcó.
Ruiz añadió que el impacto del decreto es más político que jurídico. “El mensaje es absolutamente claro: el presidente maneja los recursos y el poder político. Es más un mensaje político que una violación a la Constitución”, subrayó, dejando entrever que la medida refleja una disputa interna por espacios de poder.
Ahora, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá analizar la demanda y definir si el decreto se ajusta o no al marco constitucional. Su decisión no solo marcará un precedente sobre los límites administrativos de la Vicepresidencia, sino que también podría redefinir el equilibrio de poder dentro del Ejecutivo en un momento de creciente tensión política.
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