Huarachi llegó en horas de la mañana a la Fiscalía de La Paz para declarar por un caso abierto el 17 de octubre. Ingresó sin dar declaraciones y, al finalizar su testimonio, los fiscales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.
Según la investigación, una testigo declaró ante notario que entregó Bs 40.000 al exdirigente, presuntamente dinero proveniente del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Ese testimonio derivó en la ampliación del caso y en la activación de la medida de aprehensión.
El fiscal anticorrupción Aldo Meza explicó que la orden se ejecutó por la existencia de “suficientes elementos de convicción” y por riesgos procesales de fuga y obstaculización. La imputación —por uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito— será presentada ante el juez cautelar.
La Fiscalía también indaga si Huarachi habría recibido dinero de otras entidades públicas, como la Caja Nacional de Salud (CNS). Nuevos testigos ya fueron convocados para ampliar la investigación.
La defensa, representada por el abogado Andrés Zúñiga, calificó la aprehensión como “ilegal” y aseguró que no existe evidencia que demuestre la presunta autoría. Antes de quedar detenido, Huarachi afirmó que “todo es falso”.
El exejecutivo dirigió la COB desde 2018 hasta octubre de 2025, en una gestión marcada por acusaciones de prórroga en el cargo y por su alineamiento con el gobierno del MAS. Su captura ocurre en medio de una ola de investigaciones por corrupción en instituciones públicas.
La acusación principal se basa en el testimonio notariado de una testigo; la Fiscalía evalúa si existen más pagos o beneficios económicos ligados al exdirigente.
En la audiencia cautelar, la Fiscalía solicitará detención preventiva. El juez definirá si Huarachi será enviado a un recinto penitenciario o si se beneficiará con medidas sustitutivas. La indagación continúa y no se descarta incluir a otros investigados.
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