El caso golpea nuevamente la credibilidad de la Gobernación del departamento de La Paz, dirigida por Santos Quispe (Hijo de Felipe Quispe – El Mallku), quien enfrenta reiteradas acusaciones por irregularidades administrativas en su gestión. La investigación preliminar apunta a delitos de cohecho pasivo, beneficio en razón del cargo y extorsión, dentro de una presunta estructura que se habría extendido a otras dependencias como el SEDEGES, el SEDEDE y otras que estan en proceso de investigación.
Cronología de los hechos:
La denuncia anónima
A inicios de noviembre, los asambleístas Coronado, Alanoca y Quispe recibieron una denuncia anónima que advertía sobre cobros ilegales dentro del SEDES La Paz. Los denunciantes enviaron capturas de pantalla de un grupo institucional de WhatsApp, denominado “Hacemos Gestión”, donde se convocaba al personal a “ponerse al día con los pagos”.
El operativo encubierto
El miércoles, cerca del mediodía, los legisladores se dirigieron al edificio V Centenario, en la zona de Sopocachi, donde presuntamente se realizaban los cobros. Uno de los asambleístas ingresó simulando ser trabajador del SEDES para entregar su cuota, grabando el operativo con su celular.
La confrontación y la fuga frustrada
Al ser descubierto por los funcionarios, fue agredido para intentar arrebatarle el teléfono. En medio del forcejeo, uno de los implicados intentó escapar por la calle J.J. Pérez, pero fue interceptado por transeúntes y posteriormente entregado a la Policía.
El hallazgo en la oficina
Dentro del lugar, los asambleístas encontraron tres cajones llenos de billetes de Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200, planillas impresas, recibos firmados, calculadoras, y una computadora portátil con la base de datos de todo el personal que trabaja en SEDES.
“Son más de 500 funcionarios. En la computadora están las listas, los montos y los porcentajes que cada uno debía pagar”, detalló el asambleísta Israel Alanoca.
Los testimonios
Una de las funcionarias aprehendidas confesó que los cobros “se hacían por instrucción del gobernador Santos Quispe”. Además, un exfuncionario presente en el lugar declaró que fue despedido por negarse a pagar, mostrando un memorándum de agradecimiento como prueba.
“Me dieron mi memorándum por no haber cancelado los cobros ilegales”, dijo.
El origen del esquema
Según las denuncias, los aportes se recaudaban inicialmente dentro del propio SEDES, pero con el tiempo se trasladaron al edificio V Centenario, donde se centralizaban los pagos. En los mensajes de WhatsApp, los organizadores indicaban fechas y horarios para acudir a “regularizar los aportes pendientes”.
La reacción institucional
El director del SEDES, Juan Carlos Camacho, negó la participación del gobernador y afirmó que los acusados eran exfuncionarios desvinculados.
“SEDES es una unidad descentralizada. Los actos sucedidos son responsabilidad de exfuncionarios, fuera de la institución”, declaró.
Camacho informó que el equipo legal del SEDES colaborará con la Policía y el Ministerio Público en las investigaciones, además de presentar los memorándums de desvinculación de los implicados. También acusó a los legisladores de buscar protagonismo político de cara a las elecciones subnacionales de marzo.
El hallazgo de cajones repletos de dinero y planillas detalladas ha puesto en ojo público nuevamente la gestión del gobernador Santos Quispe, mientras la Policía y la Fiscalía amplían la investigación por corrupción. Los asambleístas anunciaron que pedirán identificar quién alquiló la oficina donde se recaudaba el dinero y determinar si existía una cadena de mando que conecte directamente al despacho del gobernador con la red de cobros.
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