“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con base en algunos argumentos de revisión extraordinaria”, informó el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, en contacto con los medios desde Sucre.
Según explicó, la resolución —aprobada de manera unánime por los magistrados— instruye al juez de ejecución penal de La Paz disponer la excarcelación de la exmandataria “a través del juego de exclusión” previsto en la ley.
Áñez, recluida desde 2021 en el penal de Miraflores, había manifestado horas antes su esperanza de una rectificación judicial:
“Los casi cinco años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción. Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, escribió en sus redes sociales.
Tras conocer el fallo, la exmandataria volvió a pronunciarse:
“Después de cuatro años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, lo recibo con júbilo y con fe en que la Justicia ahora nos da esperanza”.
Una decisión en un contexto de cambio político
La resolución fue emitida el 2 de octubre, pero se conoció públicamente este 5 de noviembre, en medio de los actos oficiales de entrega de credenciales al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edman Lara, un hecho que simboliza el inicio de una nueva etapa política en Bolivia.
Tras el juramento presidencial del próximo 8 de noviembre, el lunes 10 se instalará en Sucre una Cumbre Judicial Nacional, donde se prevé abordar las reformas estructurales del sistema judicial boliviano.
“Transformación en la justicia”
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, sostuvo que la decisión forma parte de una política institucional de renovación y respeto a los derechos fundamentales.
“El mensaje es claro: transformación en la justicia. Estamos comprometidos con rectificar los errores del pasado y actuar con independencia de cualquier poder político”, afirmó.
Saucedo impulsó en los últimos meses una revisión exhaustiva de los procesos penales relacionados con los hechos de 2019, instruyendo la verificación de plazos de detención preventiva en los casos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Un proceso que dividió a Bolivia
Áñez fue arrestada en marzo de 2021 y procesada en la justicia ordinaria —pese a su condición de exmandataria— bajo la acusación de haber asumido la presidencia de forma “ilegal” tras la renuncia de Evo Morales.
El caso “Golpe II” derivó en una sentencia de diez años de prisión, mientras otros siete procesos fueron derivados al TSJ para ser evaluados como juicios de responsabilidades.
Con la anulación de la condena, el máximo tribunal abre un nuevo capítulo judicial que podría tener implicaciones directas en los casos pendientes y en la percepción nacional e internacional sobre la independencia de la justicia boliviana.
“Estamos comprometidos con garantizar que nunca más se repitan injusticias en nombre de la ley”, concluyó Saucedo.
