ANAPO advierte que grupos armados buscan frenar la producción agrícola legal como estrategia para tomar tierras protegidas por la justicia.
8 de mayo de 2025. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó este jueves sobre una nueva y grave amenaza a la producción agrícola en el predio Santa Rita, donde grupos irregulares, encapuchados y armados, impiden el inicio de la siembra de maíz y sorgo.
Esta presión constante sobre el derecho a producir —denunció Anapo— es parte de una estrategia para forzar posteriormente el avasallamiento definitivo del predio, tal como ya ha ocurrido con otras propiedades productivas.
El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, señaló que estos hechos no solo constituyen delitos, sino que reflejan una fractura peligrosa en la seguridad jurídica del país.
“Estamos frente a un ataque directo al derecho a producir. Se impide sembrar para luego justificar la ocupación. Y esto ocurre en predios legalmente protegidos, con medidas judiciales que deben cumplirse. No se puede tolerar más impunidad”.
La Hacienda Santa Rita cuenta con medidas precautorias y una orden de desapoderamiento emitida por autoridad judicial competente, que prohíben expresamente cualquier intento de avasallamiento e instruyen a la Policía el desalojo inmediato en caso de ocupación.
Pese a ello, el predio volvió a ser invadido por grupos violentos que amenazaron a trabajadores y propietarios, generando zozobra e impidiendo el trabajo agrícola.
“La propiedad ha sido avasallada por cuarta vez, cada vez con mayor violencia. Claramente su objetivo es apoderarse de todo, actuando de manera organizada. Nos preocupa profundamente la inacción de las autoridades, que tienen pleno conocimiento de los hechos y de los nombres de los responsables. Hacemos un nuevo llamado urgente para que se tomen medidas efectivas”, afirmó Melisa Barba, propietaria del predio.
En esta dirección, ANAPO hizo un llamado urgente al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana para que cumplan su deber constitucional, procedan al desalojo inmediato de los invasores y garanticen seguridad para que se pueda producir en paz.
“Sin reglas claras y sin respeto al Estado de Derecho, la producción de alimentos está en riesgo. No puede haber desarrollo agrícola ni seguridad alimentaria en un país donde el crimen se impone sobre el trabajo”, concluyó Hernández.
