La detención de la jueza Lilian Moreno marca un nuevo capítulo en la compleja batalla judicial que envuelve al expresidente Evo Morales y refleja la polarización política en Bolivia. Moreno, quien en octubre de 2024 dictó una acción de libertad que anuló una orden de captura contra Morales por un caso de supuesto abuso a una menor en 2016, fue aprehendida a las 07:00 de este lunes en Santa Cruz. La orden fue emitida por el fiscal Fernando Espinoza, de la Fiscalía Anticorrupción de La Paz, según reportó Unitel.
El caso contra Morales, reabierto en septiembre de 2024 en medio de una pugna interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) entre Morales y el presidente Luis Arce, ha generado controversia. La investigación, iniciada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), fue cerrada en 2020, pero resurgió en un contexto de tensiones políticas. Morales, líder cocalero y figura central del MAS, enfrenta 12 procesos penales y ha denunciado una persecución política orquestada por el gobierno de Arce.
El fallo de Moreno, que buscaba anular la orden de captura y trasladar el caso a Cochabamba, fue revertido por el juez Franz Zabaleta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Zabaleta restituyó los cargos contra Morales, quien fue declarado en rebeldía tras no presentarse a declarar en dos ocasiones. Además, se ordenó su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes. Sin embargo, la Policía no ha ejecutado la captura debido a la falta de garantías para evitar enfrentamientos en el Chapare, bastión político de Morales.
La detención de Moreno, quien tiene antecedentes de haber trabajado en la función pública durante el gobierno de Morales (2006-2019), intensifica las acusaciones de instrumentalización de la justicia en Bolivia. La jueza enfrenta procesos por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, además de una investigación disciplinaria en Sucre. Según el ministro de Justicia, César Siles, las acciones legales contra Moreno buscan garantizar que “nadie esté por encima de la ley”.
El caso de Morales, por su parte, sigue sin resolverse. El expresidente, que lleva más de 200 días atrincherado en el Chapare, ha calificado los procesos en su contra como “lawfare” (guerra jurídica) para sacarlo del escenario político de cara a las elecciones de 2025. Analistas como Carlos Saavedra señalan que Morales enfrenta ahora el mismo sistema judicial que, durante su gobierno, fue criticado por perseguir a opositores, como en el caso “Las Américas” en 2009.
La detención de Moreno y la reactivación de los cargos contra Morales han avivado el debate sobre la independencia judicial en Bolivia. Mientras el gobierno de Arce insiste en que se trata de un caso de justicia, los seguidores de Morales lo ven como un intento de neutralizar al líder cocalero.
