Kantutani afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace.
Aclaró que los trabajos de estabilización fueron efectuados con el conocimiento de la alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz.
Sobre la detención del arquitecto Luis Iturralde, propietario de la empresa, reveló que éste tenía prevista una cita médica en Santiago de Chile, debido a un accidente que sufrió el pasado martes 19, cuatro días antes de los hechos, y que, por lo tanto, de ninguna manera abandonó el país con fines de fuga.
La empresa insistió en que solo una auditoría permitirá saber qué es lo que verdaderamente ocurrió y que esa respuesta, objetiva e independiente, es la que espera la población, en particular quienes sufrieron las consecuencias del desastre de Llojeta.
