El «evismo» sufrió un nuevo golpe. La Fiscalía Departamental de La Paz solicitó este miércoles la detención preventiva, por un plazo de seis meses, para Humberto Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y Ramiro Cucho, máximo representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Ambos están siendo investigados por presunta comisión de 12 delitos, incluyendo alzamiento armado, asociación delictiva y terrorismo.
El documento de imputación establece: “Se solicita a su autoridad que fije la fecha y hora de audiencia para la consideración de medidas cautelares, en la que se determine la detención preventiva de los imputados Humberto Claros y Ramiro Cucho en el recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro por un lapso de seis meses”. Los dos dirigentes, cercanos al expresidente Evo Morales, han sido señalados por la Fiscalía en el marco de investigaciones por hechos ocurridos durante el gobierno anterior.
Policía tras Santos y Quintana
La búsqueda no termina con Claros y Cucho. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Aguilera, informó que la Policía también sigue el rastro de Ponciano Santos, dirigente del Pacto de Unidad, y Juan Ramón Quintana, exministro del Gobierno.
Quintana, uno de los hombres más influyentes del gobierno de Morales, no fue encontrado durante el allanamiento, lo que ha generado especulaciones sobre su paradero. Aguilera confirmó que los operativos, liderados por el Ministerio Público, no lograron dar con Quintana, y se investiga si ha abandonado el país.
El Gobierno niega persecución política
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, rechazó las acusaciones de «persecución política» y reiteró que la Policía cumplirá con las órdenes judiciales de aprehensión. “Las acciones se basan en procesos judiciales y no tienen motivaciones políticas”, afirmó Ríos en una rueda de prensa.
Reacciones encontradas
Las detenciones han desatado una serie de reacciones dentro del MAS y de la oposición. Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales, condenó las aprehensiones, calificándolas de “provocación” por parte del Gobierno. A través de sus redes sociales, Morales también expresó su rechazo a lo que considera una serie de “acciones ilegales y arbitrarias” en contra de sus colaboradores.
Por su parte, el abogado del MAS-IPSP, Wilfredo Chávez, acusó al Gobierno de “cazar dirigentes” en un contexto de creciente tensión política.
Desde la otra vereda, la dirigencia de la facción «arcista», liderada por el actual presidente Luis Arce, celebró las detenciones, considerándolas como parte de la justicia que debe prevalecer en el país.
