“El TCP, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad con el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: revocar en toda la Resolución 004/2024 de 30 de abril”, dice el auto constitucional firmado por las magistradas Karen Gallardo y Celia Vargas.
Hasta ahora, la preselección judicial se encontraba suspendida por decisión de la Sala Constitucional de Pando, que, mediante una acción popular, dejó sin efecto la convocatoria al considerar que vulneraba la equidad en la ponderación para candidatas mujeres e indígenas.
Sin embargo, en la revisión realizada en el TCP, se determinó revocar la decisión anterior y denegar la tutela a los accionantes.
En su decisión, además, el TCP exhortó a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “garantice el derecho constitucional de las mujeres, y naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en los órganos e instituciones del sistema de justicia, así como la igualdad, equidad y paridad de género en la conformación de la institucionalidad del sistema de justicia en sus instancias superiores”.
Esta decisión era esperada en la ALP para seguir adelante con la preselección judicial, que se había paralizado en la etapa de entrevistas.
Ahora corresponde que la ALP emita una ley corta para ajustar los plazos, con el propósito de terminar la preselección y llevar adelante la votación popular.
Conocida la determinación del TCP, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, instó a los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, los senadores “evistas” Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente, a convocar con “carácter de urgencia” a sesión para reactivar el proceso de preselección en el punto que se quedó a mediados de abril, pruebas orales a los más de 400 aspirantes.
Previamente se debe atender las resoluciones de más de 20 amparos que lograron igual número de aspirantes a magistrados.
Se necesita una nueva normativa
El diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez indicó a radio Panamericana que será necesaria la aprobación de una ley para continuar con el trabajo de preselección, porque los plazos fijados por la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 eran “fatales” y fenecieron.
“Tiene que haber una ley de la Asamblea Legislativa que apruebe la ampliación de plazos, porque los que se tenían eran fatales en cada una de las etapas; por lo tanto, se necesita una ley que amplíe los tiempos”, insistió.
Via: TCP
