Por: José Luis Saavedra / Profesor de Teoría y Política Poscolonial
Hace 35 años, el eminente historiador peruano Alberto Flores Galindo hablaba de “El Perú hirviente de estos días…” en su magna obra “Buscando un inca” (Lima, Horizonte, 1988). Precisamente “estos días” estamos viviendo una situación muy parecida a la descripta por Flores, con la pequeña gran diferencia que ahora no es Sendero Luminoso el causante de la violencia letal, sino el gobierno de Dina Boluarte, aunque -hay que decirlo- las víctimas sean los mismos de siempre (desde hace 500 años): indígenas y campesinos andinos.
Hoy resulta pavoroso y está in crescendo la violencia en el Perú, tanto que al momento de escribir este artículo (29 de enero), según refiere Página Siete, ya se “eleva a 65 el número de muertes desde el inicio de las protestas (en diciembre pasado)”. Abrigamos la esperanza que al día de publicación de esta nota se haya logrado la tan ansiada paz y justicia, que la democracia háyase restablecido en la hermana república del Perú y que los aymaras, quechuas, chancas y waris retornen a sus comunidades con las libertades y los derechos restituidos y garantizados.
¿Cómo empezó el desarrollo de esta violencia letal y estatal? Esencialmente, con la cesantía del ahora ex presidente Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado el 7 de diciembre, tras un intento fallido de disolver el Congreso para evitar una votación que buscaba removerle del cargo. Ahí se proclamó a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como su sucesora, tras lo cual se ha desatado una ola de protestas, además de cortes de carreteras y tomas de aeropuertos, especialmente en el sur del país.
Al presente, resulta admirable la permanencia de los movimientos de protesta, integrados principalmente por campesinos e indígenas de los Andes y también por universitarios y migrantes de la región andina (que ya viven en Lima), a pesar de la sangrienta represión activada por el gobierno de Boluarte, que ha declarado la suspensión de las garantías constitucionales (en y por el “estado de excepción”, como bien diría el maestro Giorgio Agamben); así como la extraordinaria potencia para reditar una nueva Marcha de los Cuatro Suyus, similar a la que en 2000 marcó el inicio del fin de la dictadura de Fujimori; y por supuesto las múltiples redes de solidaridad (ayni) que los alimentan, hospedan, abastecen de agua, transportan, curan y protegen: qhuyapayanakuy.
¿Cuáles son las principales demandas de las movilizaciones sociales que se han producido contra la usurpación de la voluntad popular y la represión gubernamental?, desde hace casi dos meses, miles de manifestantes, provenientes especialmente del sur andino, viajaron hasta Lima para pedir exigir la renuncia de la presidenta Boluarte y la de todos los integrantes del Parlamento, la realización de elecciones generales, y denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos, además de la criminalización de la protesta, que están teniendo lugar en Perú bajo el régimen de Boluarte.
La movilización social es enfrentada desde el gobierno con mucha y violenta represión. Así, a medida que la movilización ha ido aumentando, el gobierno de Boluarte ha desatado una brutal y salvaje represión contra todos los que luchan en el campo y la ciudad. La retórica racista, colonialista y elitista, y la campaña de criminalización contra el pueblo movilizado, se ha conjugado con la militarización, tanto que el Estado de Emergencia ha sido declarado en las regiones de Puno, Cusco, Callao y Lima, el ejército y la policía ha matado más de 65 manifestantes, y los heridos por arma de fuego de las fuerzas represivas y los detenidos son ya incontables.
El clima de represión en Perú es cada vez mayor, con detenciones arbitrarias de manifestantes, allanamientos de sedes de sindicatos y un estado de emergencia que permite una total impunidad a las fuerzas armadas y a la policía peruanas. El sur andino del país, donde hay una huelga indefinida, sigue paralizado. Es la zona donde las protestas son más fuertes y la que ha sufrido la represión más dura. Ahí mismo se ha producido la mayor parte de los más de 65 muertos por disparos de policías y militares. Y, en verdad, resulta incomprensible la poca visibilidad mediática que tiene un conflicto, en el que se violan los derechos de la ciudadanía de manera tan flagrante e impune.
La violencia de las fuerzas represivas se desata contra la ciudadanía movilizada y así escala la represión a la par de las protestas, los asesinatos y las detenciones arbitrarias de los líderes. Hoy mismo, la violencia estatal se ha recrudecido, hay persecución, terruqueo y la policía dispara a matar. Ya hay más de 65 asesinados y de ellos al menos 46 son ejecuciones extrajudiciales por la policía y el ejército, centenares de detenidas y detenidos, allanamientos, etc. Los policías tiran bombas lacrimógenas desde helicópteros. La respuesta estatal represiva, primero policial y luego militar, ha sido además acompañada con la criminalización de los manifestantes.
Como bien dice Mario Espinoza Pino: “El actual gobierno peruano está sosteniéndose únicamente en una dinámica represiva contra quienes se manifiestan o critican a Boluarte, siempre bien engrasada con el consabido ‘terruqueo’, que consiste en revivir perpetuamente el fantasma del terrorismo de Sendero Luminoso y justificar así la violencia del Estado. Lo cierto es que ninguna de las personas asesinadas por las fuerzas policiales y militares –entre ellas varios niños– tenía antecedentes, simplemente fueron masacrados por protestar. Todo ello revela los resabios fujimoristas de una oligarquía blanca y tremendamente anti democrática”.
Con todo y terrorismo estatal nos asiste pues la esperanza y como bien nos enseña la memoria viva de nuestro Amauta José María Arguedas, «Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo».
¡Fuerza y resistencia hermanos y hermanas del Perú!
¡Los abrazamos con todo el corazongo desde el Collasuyo!
