“Este informe de CIDH, debería ser reservado. Quiero denunciar al pueblo boliviano y al mundo entero ¿Quién infiltró a El Deber? ministro de Justicia Iván Lima, quiero que sepan. El mundo es tan chiquito, todo se sabe en la vida. No vamos a decir quién nos informa de ahí adentro (…), llegan informaciones, no busco informaciones, no tengo un organismo de inteligencia-contrainteligencia, no conozco; el mismo pueblo te informa, ese pueblo patriota: Evo esto quieren hacer con el MAS”, afirmó en su programa transmitido por Kawsachum Coca desde el Chapare.
Tras la publicación del medio de prensa cruceño surgieron muchas versiones sobre la fuente que habría filtrado ese informe que tenía rango de “reserva legal” y que implicaba solamente a las partes, en este caso a los peticionantes Gerardo Gianni Prado en su calidad de abogado y Carolina Dwyer, madre de uno de los extranjeros ejecutados y al Estado boliviano denunciado por ejecución extrajudicial, torturas y detenciones ilegales.
En principio se apuntó al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez y el gobierno, a través del Ministerio de Justicia se limitó a emitir un comunicado acogiéndose a la reserva legal que implica una actuación solamente a iniciativa de las partes.
Morales subrayó que no se arrepiente el “haber defendido el territorio nacional” en el caso terrorismo, porque había acciones separatistas, motivo por el que valoró el trabajo de las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales por haber conservado la unidad nacional frente un grupo de extranjeros que estuvieron alojados en el Hotel Las Américas.
El expresidente acusó a algunos “medios golpistas” de “golpearlo peor a bombo en carnaval de Oruro” con publicaciones donde lo hacen responsable de las muertes del boliviano croata Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi de nacionalidad rumana y Michael Martín Dwyer de nacionalidad húngara.
Dijo que ese informe es una recomendación y “no es un fallo, no es una sentencia como dice algunos medios”. Morales considera que, si hubiera un eventual juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será contra el Estado boliviano y no contra Evo Morales.
“Lamento que ni el gobierno ni las autoridades aclaren la verdad, qué es el informe. Hay una intencionalidad de destrozar a Evo Morales, pero no es al Evo, sino al MAS-IPSP”, advirtió.
Afirmó que hay la intención de criminalizar a su movimiento político y proscribir al MAS por haber evitado el separatismo y la media luna.
Exigió al gobierno del presidente Luis Arce reabrir el caso terrorismo que fue archivado por el gobierno de Jeanine Añez, porque las acciones separatistas son tipificadas por la Constitución Política del Estado como un delito traición a la patria que no prescribe en el tiempo.
Recordó que algunos procesados en el caso terrorismo, fueron confesos separatistas, terroristas y advirtió que, frente a ello, no es posible que algunos medios de la derecha, algunos “oportunistas nuestros”, traten de ocultar esa confesión y al contrario busquen eliminar al MAS, ligándolo con actos de corrupción y narcotráfico.
